La Iglesia católica se sumó al pedido de que el gobierno de Mauricio Macri declare la emergencia alimentaria “en forma urgente”, lo hizo mediante un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, apenas tres días después de que el presidente recibiera a la conducción del episcopado. Así, se sumó al reclamo que reunió miles de manifestantes de organizaciones sociales de los más diversos signos ideológicos el miércoles 28 de agosto, y del candidato de Consenso Federal Roberto Lavagna.

“Ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional, que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños», advirtieron desde la Pastoral Social.

Como en los otros reclamos, se subraya la importancia de apuntar especialmente a la población infantil: «Es urgente implementar una canasta básica de primera infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños».

La corrida del dólar, que estaba ajustado artificialmente antes de las Paso, que se trasladó rápidamente a los precios luego de las elecciones de agosto agudizó el hambre de los sectores más vulnerables de la sociedad. Como recordó Lavagna «en Argentina había hace quince días atrás unos 14 millones de pobres y 3 millones y medio de indigentes, numeros que podemos comprobar que han crecido drásticamente por los fuertes aumentos de precio de los productos de la canasta alimentaria».

La iglesia pide que se incluyan “medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales». Pero también, la comisión que preside el obispo Jorge Lugones expresa que “resulta urgente aumentar el presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares, y a emprendimientos de la agricultura familiar y social”.

Hasta ahora el gobierno nacional no se ha pronunciado frente a este problema que afecta además de forma dramática a jubilados por la suba de un 15% de medicamentos en agosto. Con la suma de voces, como la de la Iglesia, aumenta la presión para que el gobierno tome una posición sobre este tema.