Los organismos de derechos humanos podrán finalmente conocer si hay hijos de víctimas del terrorismo de Estado entre los 127 niños y niñas bautizadas desde 1975 a 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El pedido para conocer esa información, cuyo hallazgo fue difundido por la curia en enero, había sido planteado al Papa Francisco hace un mes por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante un encuentro que mantuvieron en Roma. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este martes que pondrá a disposición de la justicia federal las constancias de 127 actas de bautismo realizadas en esa parroquia que funcionaba dentro del más emblemático centro clandestino de detención de la dictadura cívico-militar en el que funcionó una maternidad clandestina.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado de prensa de la Comisión Ejecutiva de la CEA, en la que informa que pondrá a disposición del juez Federal Sergio Gabriel Torres y del Fiscal general Pablo Parenti toda esa información. El aviso fue realizado durante la reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que delibera hasta este miércoles en su sede porteña de Suipacha al 1000, presidida por el desde noviembre por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, quien desde su asunción mantuvo un diálogo fluido con los organismos.

En el comunicado, la Conferencia manifestó su convicción de que la Iglesia “debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”.

La CEA anunció la puesta a disposición de “la totalidad de la información” registrada en las actas de nacimiento “compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre”, dijeron. Y aclararon: “consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos”.

El hallazgo había sido informado el 10 de enero pasado por el obispo castrense Santiago Olivera desde Roma, luego de que el Papa diera el visto bueno. En esa oportunidad informó que tenía en su poder el libro de bautismos de la capilla de la ESMA que registraba 127 casos entre 1975 y 1979, y comunicó que a su regreso al país analizaría con la Conferencia Episcopal “el modo de presentarlo” en sociedad.

Según trascendió entonces, el libro de bautismos de la capilla -hoy convertida en el Espacio Patrick Rice en homenaje al fallecido ex sacerdote y militante por los derechos humanos-, registraba 19 registros de 1975, 14 del año del golpe, 36 de 1977, 28 de 1978 y 30 de 1979.

El 7 de febrero pasado la titular de Abuelas entregó una nota al Santo Padre en la que la institución le volvió a pedir la cooperación de la Iglesia y le refirió la falta de novedades sobre unos registros de bautismo. En esa charla en el Vaticano, Francisco sostuvo que “los archivos están Buenos Aires, duplicados y certificados como verídicos”, contó Estela tras el encuentro.

Seis meses antes del hallazgo del registro de bautismos de la capilla de la Esma y después de la designación de Olivera, los organismos de derechos humanos le reclamaron que asumiera la deuda histórica del obispado castrense y que resuelva la “apertura y puesta a disposición de los archivos del Obispado, tanto de la curia como de las distintas capellanías”.

En la nota al Papa, Abuelas le recordó que en mayo de 2017 la Conferencia Episcopal difundió un protocolo para la consulta del material archivístico de la Iglesia en el período de la dictadura que resultó extremadamente restrictivo y reclamaron que no ocurriera eso con el libro de bautismos. La expresa mención en el comunicado de la CEA para que los organismos accedan a la información, parece responder a ese pedido.