Según cuenta la historia oficial, el 8 de marzo de 1908, trabajadoras de la textil Cotton de Nueva York murieron incendiadas mientras tomaban la fábrica reclamando una jornada laboral de 8 horas. Este incendio intencional que terminó con la vida de cientos de obreras quedó grabado en la historia universal con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en recuerdo de las trabajadoras textiles que perdieron literalmente su vida para conquistar derechos.
Casi 111 años después, un 8 de enero de 2019, otras obreras textiles, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de San Martín, también se encerraron en una fábrica. ¿Sabían ellas lo que les había ocurrido a las obreras de Nueva York? No importa. Las costureras decidieron ponerse al frente de una lucha para mantener sus puestos de trabajo en la fábrica Sport Tech. Todavía no sabían que su vida iba a cambiar para siempre cuando se pusieran al hombro la conformación de una cooperativa que el viernes pasado recibió la aprobación judicial.
La fábrica Sport Tech se inauguró en el año 2003. Su dueño, Pablo Ramírez, había sido empleado de la emblemática fábrica Gatic –que confeccionaba ropa de la marca Adidas– y que quebró después de la crisis del 2001.
Ramírez decidió abrir su propia fábrica con la experiencia y los contactos que había tenido. Al comienzo sólo tenían una máquina sublimadora. En ese núcleo de ocho trabajadores estaba María Matos, más conocida como Popi. «Yo estoy en esta fábrica desde el primer día», explica a Tiempo esta mujer, que nunca se imaginó estar durante cinco meses ocupando su lugar de trabajo. La fábrica iba creciendo como lo hacían otras industrias a la par de un país que había salido de la crisis más honda. En 2013, Ramírez consiguió un contrato con Adidas y expandió maratónicamente la fábrica porque la marca le exigió que pusiera un sector de costura. Allí la planta se multiplicó. Llegó a tener 300 empleados y se mudaron al inmueble de San Martín. Del total de los empleados, un 70% eran mujeres. Y lejos de tener buenas condiciones laborales, trabajar bajo la mirada de Ramírez era un suplicio. «No podíamos hablar entre nosotras, no teníamos música. Teníamos unas tarjetas para ir al baño que si se nos acababan no podíamos ir más. Había que administrarse», explica Delia, una costurera de pura cepa que trabaja hace siete años en la fábrica. «Muchas de las compañeras tuvieron cistitis. El dueño se paraba en la punta de la escalera que daba a los baños para controlar que no charláramos entre nosotras. El galpón en donde trabajábamos no tenía aire acondicionado. Cuando afuera hacía más de 30 grados, en el galpón hacía 50. Varias veces me descompuse y hasta me tuvieron que internar».
Si bien en la fábrica todos estaban afiliados a los tres sindicatos de las ramas competentes, no existía una práctica sindical porque Ramírez se encargaba de coartarla. O bien echaba a quienes tuvieran intenciones de presentarse como delegados o limitaba en la práctica cualquier intento de asamblea, diálogo, reclamo. Pero no sólo la práctica sindical era rechazada por la patronal. Los propios gremios brillaban por su ausencia ante cada conflicto. «Nosotros fuimos muchas veces a los sindicatos cuando empezaron a echar a nuestros compañeros pero nos decían que no podían hacer nada», cuenta Evangelina, que trabaja hace once años en la fábrica y era supervisora del sector de costura.
Los trabajadores estaban afiliados al SOIVA –Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines–, al SETIA –Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines– y a la UCI –Unión de Cortadores de la Indumentaria–.
«Desde 2015 Ramírez empezó a echar compañeros. Nosotros nos acercábamos al sindicato pero no nos daban bola, decían que nos quedemos calmos, que no era tiempo para hacer quilombo, que había que cuidar los puestos de trabajo», explica Delia.
Por eso, un tiempo antes de que empezara el gran conflicto, algunos trabajadores de Sport Tech y otras fábricas textiles empezaron a pensar la idea de armar un nuevo sindicato. Se venían tiempos más hostiles y no podían contar con los ya existentes. Fernando Castillo, que trabajaba en el sector de costura, era uno de los delegados de la fábrica y quien empezó a pergeñar esta idea. «Sentíamos la necesidad de tener una herramienta frente al avasallamiento de la federación textil, que prohíbe que los compañeros extranjeros puedan formar listas de oposición», explica a este diario. «Y nuestros compañeros, la mayoría son de países hermanos, por lo tanto era absolutamente expulsivo. Ahí empezamos a pensar que necesitábamos una herramienta jurídica que nos represente. Juntamos los papeles, con compañeros de otras textiles de zona norte, Capital Federal, zona sur y centro y nos constituimos como el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV) dentro de la CTA Autónoma, una herramienta que se volvería fundamental para el proceso que vivimos en nuestra fábrica».
En octubre de 2018 quedaban sólo 120 empleados en la fábrica de San Martín y otros 60 en otra sucursal que tenía en Luján con el mismo nombre. A partir de ese mes, los trabajadores empezaron a percibir sus salarios atrasadamente y en cuotas. «Llegábamos a cobrar cinco veces en un mes y estamos hablando de salarios que iban entre 20 mil y 28 mil pesos, eran sueldos muy bajos», cuenta Delia, que además de las nueve horas en la fábrica trabajaba en su casa haciendo arreglos de ropa porque, si no, no alcanzaba. «
Pero el principio del fin llegó el 28 de diciembre, apenas unos días antes de las Fiestas, cuando en la fábrica de Luján apareció un cartel en la puerta con la consigna: «Esta fábrica se encuentra declarada en quiebra» y la dirección a la que se tenían que dirigir los trabajadores. Las noticias corrieron rápido hasta San Martín. El 2 de enero, cuando se reincorporaron al trabajo después de pasar unas Fiestas absolutamente angustiantes, realizaron una asamblea absortos y alarmados por la situación. Porque además de los despidos en Luján, Ramírez le había dado vacaciones a toda la fábrica junta, del 11 al 21 de enero, algo que jamás había sucedido. Durante esa semana, los trabajadores hicieron diariamente una asamblea. El 8 de enero, un pequeño grupo, entre los que se encontraba Evangelina, fueron a hablar con el patrón: «Nos dijo que no tenía plata para pagarnos las vacaciones, que iba a intentar pagarnos el sueldo. Nosotros le dijimos que queríamos que nos pague todo, que no nos íbamos a mover de esa posición porque sabíamos que si él cerraba por vacaciones no iba a abrir más. Le planteamos que, si no, nos quedábamos en asamblea permanente. Entonces nos dijo hagan lo que quieran, plata no tengo».
Ese 8 de enero, después de las 16 horas en que terminaba la jornada laboral, más de 50 trabajadores se quedaron en el galpón. La decisión había sido votada por unanimidad: iban a tomar la fábrica.
Y ahí comienza a escribirse lo que varios meses después se convertiría en la Cooperativa «8 de enero», en memoria a esa fatídica noche en la que la policía los quiso desalojar y resistieron. «Nosotras no queríamos saber nada con esa idea de la cooperativa –cuenta entre risas Popi–. Éramos cero politizadas. No teníamos tanta conciencia. Este proceso nos unió y nos permitió entender que de esta situación sólo salíamos organizadas».
