Por primera vez en mucho tiempo, la batalla clave de la política argentina no se juega en la Capital, ni en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay que mirar a Chaco. La provincia del Impenetrable y los veranos calientes enfrenta un escenario de mani pulite. Y si ello sucede, las consecuencias pueden extenderse al nivel nacional.

No vamos a detallar aquí la trama de las graves causas de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos, que conllevaron al procesamiento y la detención de varios funcionarios del gobierno provincial que comanda el justicialista Domingo Peppo. Durante toda la semana los medios informaron bastante sobre el caso; aquí vamos a limitarnos a conjeturar sobre sus implicancias. Sobre todo, a partir de la derivada que se abrió con la detención de los titulares de la empresa PIMP SA, proveedora también del gobierno municipal de Resistencia entre 2003 y 2015, a cargo de la radical Aída Ayala. Lo que inicialmente parecía circunscribirse a la gestión Peppo, hoy amenaza con arrastrar a importantes dirigentes de los dos partidos tradicionales de la política chaqueña, justicialismo y radicalismo, y del sindicato de empleados municipales. En Chaco, como en otras provincias, los gobiernos pasan pero los proveedores quedan. Actúa la justicia federal, y los poderes locales hoy están a la espera de la evolución de investigaciones que no controlan.

A nivel local, esto implica una crisis de reputación de las fuerzas políticas provinciales y una oportunidad para el ascenso de nuevos liderazgos. En el universo justicialista, el escándalo puede proyectar a los dirigentes que fueron críticos de Peppo y que se mantuvieron al margen del gobierno y la conducción partidaria: un clásico escenario de renovación peronista. Y en el universo Cambiemos, esto impulsa a los dirigentes del PRO en desmedro del radicalismo. Que gobernó varias veces la provincia y a nivel local es más fuerte que su socio mayor en el orden nacional. Esto pone a los justicialistas y a radicales a sospechar: ¿las causas estallan por el propio peso de los hechos, o hay actores interesados en que se produzca un mani pulite local? A veces, las visiones conspirativas van demasiado lejos y soslayan opciones más humanas y pedestres, como la posibilidad de que una diputada provincial chaqueña detenida semanas atrás en los corsos de Corrientes haya caído presa, también, del rencor. Sin embargo, el temor y la sospecha se apoderan con facilidad de la mente de los políticos. La judicialización de la política y el estilete de la corrupción estuvieron reservados, hasta ahora, a la política nacional y al gobierno kirchnerista saliente. Pero puede haber más Chacos. ¿Acaso ahora la justicia federal va también por las gobernaciones? Eso cambiaría varios equilibrios de la política argentina.

La mirada hacia adentro de Cambiemos no es menor, ya que aún está fresco el recuerdo de la renuncia del senador nacional radical (y exgobernador) chaqueño Ángel Rozas al interbloque Cambiemos en la Cámara Alta, en septiembre del año pasado. Por razones no del todo aclaradas aún. Falta mucho para las elecciones de 2019, pero en la mente de los políticos no es así. Y los radicales ya comienzan a pedir pista nuevamente. Chaco es una de las provincias en las que Cambiemos logró un buen resultado en las legislativas de 2017, y tanto radicales como proístas quieren la candidatura. El mani pulite pone tensión ahí.

En el caso del justicialismo allende la provincia, la preocupación no es menor. Peppo es uno de los miembros del club del «justicialismo que gobierna», integrado por la mayoría de los gobernadores peronistas, y referenciado en el Congreso Nacional en el senador Miguel Pichetto y el diputado Diego Bossio. Este club no es compacto, pero va en busca de una mayor coordinación con vistas a 2019. Muchos gobernadores piensan en provincializar, adelantando las elecciones de gobernador (buscando la reelección) y poniendo a la elección presidencial en segundo plano. Y sienten, en mayor o menor medida, que el gobierno nacional es un interlocutor razonable, que no obstruirá su vocación reeleccionaria. El caso de Peppo pone una señal de alarma. Plantea la duda de si para el gobierno nacional el «justicialismo que gobierna» es un conjunto homogéneo, o si acaso hay gobernadores preferidos y otros no tanto. Schiaretti, en Córdoba, está pasando por un buen momento en su vínculo con la Nación: la relación fiscal está mejor que nunca, y eso le está permitiendo gestionar con cierto brillo. La popularidad del gobernador cordobés va muy bien. Tanto, que los radicales cordobeses se están alarmando. ¿El aliado de Macri en Córdoba es Schiaretti o la UCR Nacional? Peppo, mientras tanto, no para de sufrir. 

Chaco, en suma, puede ser entendido como un caso testigo de la relación Nación-Provincias en la Argentina actual. Atravesada como está por la relación entre macrismo, radicalismo y justicialismo no kirchnerista. La posibilidad de que el mani pulite estalle, y que inaugure una sucesión de crisis provinciales, pone los pelos de punta a unos cuantos. Así como la posibilidad de que la crisis en el seno de una provincia genere un desequilibrio en la mesa tripartita del poder. Mientras todos puedan reelegirse, los ánimos estarán tranquilos. Pero un mani pulite es cualquier cosa menos tranquilidad.«