Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron ampliar la declaración indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre personas detenidas.

Además, pidieron que se cite a indagatoria a otras 23 personas, entre ellas algunos exespías que ya fueron indagados, pero también a exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), como su exdirector Emiliano Blanco, y a otros exagentes del área de jurídicos de la AFI, como Juan Sebastián Distéfano.

El pedido de indagatorias presentado por los fiscales ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge se da en el marco del denominado «legajo 9» en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Con este nuevo dictamen, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal, el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el gobierno de Mauricio Macri e incorporó a sus funciones habituales trabajo operativo y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Plnificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal.

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», sostuvieron los fiscales en el dictamen de 196 páginas al que tuvo acceso Télam.

Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».

También a «agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares», señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales detallaron que, de acuerdo con la investigación judicial, los acusados realizaron acciones destinadas “a la obtención, reunión, sistematización y análisis de información sobre las personas mencionadas por el solo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaban previamente”.

“Si bien para el espionaje de este conjunto de víctimas la inteligencia desde el SPF tuvo un rol crucial, la información generada desde allí fue tributaria de los objetivos de espionaje ilegal establecidos desde los imputados de AFI, quienes recibieron como insumo la información generada desde el sistema carcelario, la llevaron a instancias ulteriores y a su vez no limitaron su propósito de espionaje ilegal sobre personas detenidas al SPF, sino que también lo extendieron a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense”, indicaron.

Los fiscales señalaron que el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) implementado por el gobierno de Mauricio Macri en algunos pabellones de las cárceles de Ezezia y Marcos Paz “fue utilizado como una fuente de información directa, que les permitió” a los acusados de espionaje ilegal “la obtención, transmisión y almacenamiento de información que por ley se encuentra vedada”.

“Desde el SPF, este circuito se sirvió de la utilización espúrea de un sofisticado marco normativo, creado y pensado para reducir los índices de corruptibilidad de las personas detenidas que antes habían revestido la calidad de funcionarios públicos, que tenían un alto poder adquisitivo o que representaban un conflicto para la Dirección Nacional del SPF”, señalaron los fiscales.

En el dictamen, los acusadores señalaron que una serie de resoluciones dictadas por el exdirector del SPF, Emiliano Blanco, permitieron aumentar la cantidad de funciones a la Dirección de Análisis de la Información de ese organismo, y crearon otras oficinas y departamentos, que funcionaron por fuera de la supervisión administrativa del Servicio Penitenciario, lo que facilitó el supuesto espionaje ilegal.

“Se utilizaron distintas dependencias del Servicio, principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley”, indicaron los fiscales.

Parte de esa información fue a parar a manos de agentes de AFI y se utilizó “con propósitos de espionaje adicionales”, por lo que los fiscales reclamaron que se cite a indagatoria a esos quienes formaron parte de ese esquema.

“Conforme a las copias forenses realizadas sobre el teléfono LG K120 K4 7 se pudo determinar que los agentes ubicados en los lugares de detención, transmitían numerosa información, que sólo se refería a las actividades políticas y/o sociales de detenidos y no a prevenir actos de corrupción, a través del grupo de whatsapp denominado ‘Círculo de confianza´”, detallaron los fiscales.

Entre las indagatorias requeridas por los fiscales Incardona y Eyherabide se encuentran las de los integrantes del área de jurídicoa de la AFI, Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens quien antes de integrar la central de espías había trabajdo en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También se solicitó la ampliación de la indagatoria del ya procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, y de los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezezia como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.