La Unidad Fiscal Federal de La Plata interpuso un recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 que otorgó en dos causas el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor de 87 años cuatro veces condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. En la apelación, los fiscales cuestionaron la decisión de los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris de favorecer al genocida con el argumento de que tiene más de 70 años y basados en un informe de médicos penitenciarios que se sospecha que tiene información fraguada.

La presentación fue realizada por el fiscal Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, en la causa por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo Banfield y Quilmes, por la que Etchecolatz debe ir a juicio oral, y la causa «Circuito Camps» por la que fue condenado a perpetua en 2012, informó el sitio de la Procuración Fiscales.gob.ar.

“El fallo que aquí se recurre se encuentra precedido de una actuación prima facie irregular del Servicio Penitenciario Federal”, dijeron los fiscales en su presentación. En el Juzgado Federal N°3, el juez Ernesto Kreplak investiga una denuncia realizada por los fiscales para que se revele si los médicos de Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario de Ezeiza donde está detenido Etchcecolatz, fraguaron datos sobre la salud del represor para favorecer el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria.

En el marco de esa denuncia, el viernes pasado Kreplak allanó el hospital de la cárcel de Ezeiza y ordenó el secuestro de la historia clínica de Etchecolatz y de documentación relacionada. Esa investigación surgió porque los fiscales debieron dictamienta en base a un informe médico del Servicio Penitenciario Federal luego que el Tribunal rechazara convocar al Cuerpo Médico Forense. Pero en ese informe, que controlaba al preso durante una huelga de hambre, advertía riesgo por la pérdida de 8 kilos, aunque el peso final era similar al consignado por el Cuerpo Médico Forense en otro expediente.

El ex comisario estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1978 y bajo su control funcionaron centros clandestinos de detención en las brigadas de toda la provincia. En su aplación, los fiscales también advirtieron «la posible vinculación que puede tener el imputado con miembros y estructuras afines a la dictadura, que operan en la actualidad amenazando a testigos y víctimas, siendo emblemático aquí la desaparición del testigo víctima Julio López». Precisamente, Etchecolatz es el principal sospechoso de esa desaparición de la el 18 de septiembre se cumplen diez años.