Greenpeace redobla la campaña para salvar unas 3000 hectáreas de bosque nativo que aún no han sido desmontadas en la finca Cuchuy. A pesar de que están protegidas por la Ley de Bosques, sancionada el 28 de noviembre de 2007, y que de ese territorio viven cuatro comunidades wichí.

La denuncia de la organización ecologista pone nombre y apellido a este “crimen medioambiental”: Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. En una charla con Tiempo, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpece declara que “el desmonte en la provincia de Salta deja al descubierto las relaciones, y a veces hasta la identidad, entre el poder político y los empresarios del sector agroindustrial”

Días después de que el gobierno provincial emitiera un comunicado afirmando que las excepciones que realizó están sujetas a derecho, el primo del jefe de Gabinete intimó con una carta documento a la organización para que detuviera su campaña. Frente a esto, Giardini es firme: “No nos amedrenta ni atemoriza porque es nuestra función. Además estamos amparados por el derecho nacional e internacional”.

Según explica Giardini, el estado provincial sacó varios decretos en los que se amparó para otorgar excepciones a la Ley de Bosques. Si bien este mecanismo fue derogado hace años por la presión de diversas organizaciones e incluso de organismos del Estado nacional, “sin embargo, lo autorizado no fue tirado para atrás. Puntualmente, en esta finca, estuvimos acampando más de un mes en 2014. Pero este año nos enteramos por las comunidades indígenas que el empresario volvió a deforestar, por eso ya fuimos dos veces, en diciembre de 2017 y la semana pasada y comenzamos esta campaña.”

La organización denuncia y evidencia los estrechos vínculos de los empresarios con el gobierno nacional. Alejandro Braun Peña y Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación, son miembros del directorio de diferentes empresas del grupo Socma, de la familia Macri, entre ellas: Sideco Americana, Salta Cotton, Latin Bio, entre varias más. Braun Peña de hecho fue quien adquirió al finca El Yuto, al sur de Cuchuy, para el grupo. Dueños de este campo son Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el diputado nacional Pablo Torello, y empresarios amigos del colegio Cardenal Newman.

Son dos casos en los que se ha vendido tierra con comunidades dentro. En el caso de la finca Cuchuy, señala Giardini, incluso con una escuela dentro. “Condenan a las comunidades wichí a vivir a la periferia de la ciudad. Ya tienen una laguna que está contaminada por agrotóxicos y ya no pueden tomar agua de allí. El Estado permite el despojo y no sabemos cuánto tiempo más puedan resistir las comunidades. Este desmonte se produce en zonas rojas y amarillas (aquellas en la que la Ley de Bosques prohíbe el desmonte) y no se pueden hacer cambios prediales. Además, el artículo 19 dice específicamente que no se puede afectar territorios indígenas.”

Frente a las 150 mil hectáreas de bosque nativo que el gobernador salteño rezonificó, es decir, permitió desmontar a pesar de que había una ley nacional que lo prohibía, las 3000 restantes de la finca Cuchuy parecen poco. Sin embargo, estas son las que los activistas pretenden salvar en este caso, no sólo por el bosque nativo que no se podrá recuperar, sino también porque las comunidades originarias viven de ese ambiente. Su casa, comida, sus remedios tradicionales salen de allí. Por lo hecho hasta el momento ya no saben donde están sus cementerios porque están cubiertos de soja, denuncia Giardini.

Por la cercanía entre empresarios y políticos, Giardini enfatiza que “este caso con un llamado de teléfono se soluciona. Al menos para salvar lo que queda, unas 3000 hectáreas. La respuesta que dan es ‘si no les gusta pueden presentarse a la Justicia’, pero los tiempos de la topadoras no son los de la Justicia. Al ritmo que llevan, desmontan 100 hectáreas por día, no van a tardar mucho, por eso la urgencia. Hasta ahora, nosotros y la lluvia somos lo único que los detiene. Pero es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto”.

Frente al argumento del progreso, Giardini, apunta que “el mayor porcentaje de desforestación se da en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, sin embargo estas provincias siguen siendo las más pobres, o sea que no es función de progreso social que se realizan estas acciones. El negocio es sólo para los terratenientes, ya que dependiendo la zona la hectárea cuesta alrededor de U$S 500 contra unos 15.000 en la Pampa húmeda”.

Por otro lado, desde Greenpeace denuncian que “la ley se cumple a medias, ya que la deforestación ilegal va en aumento, porque los empresarios pagan una multa irrisoria porque no se trata de un delito penal. No cumplir la ley no tiene castigo. Ni para empresarios y ni para funcionarios. Hoy es un delito entre civiles, entonces la justicia no cumple ningún rol. Ese cambio es imprescindible”. En el Congreso entró el proyecto para una Ley de Delitos Forestales, fue presentado por la diputada Victoria Donda, pero está siendo cajoneado por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical jujeña María Gabriela Burgos.

Finalmente, respecto de las intimaciones, Giardini, insiste: “Vamos a seguir la campaña y la vamos a intensificar. No vamos a parar por la carta documento de un empresario. Si lo hiciéramos, no tendríamos razón de ser. Por eso somos independientes de empresas y gobiernos”.