Laura Muñoz, la exesposa de Alejandro Vandenbroele –el monotributista «arrepentido»que declaró contra Amado Boudou en la Causa Ciccone- se presentó ante la Justicia para reclamar una compensación económica de hasta diez millones de pesos por su contribución a la condena del ex vicepresidente. Patrocinada por el abogado Daniel Sabsay, Laura Muñoz presentó sendas acciones judiciales ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y en Comodoro Py 2002 con un reclamo concreto: «Que el Ministerio de Seguridad me incorpore al registro de informantes, que abone la contraprestación dineraria por los aportes testimoniales que derivaron en condenas judiciales». Además, pidió «que se garantice su integridad física y que se arbitren los medios necesarios para asegurar su sustento económico».

El juez en lo Contencioso Administrativo, Santiago Carrillo, se declaró incompetente y mandó el expediente a los tribunales federales de Retiro, donde Muñoz ya había iniciado otra acción de amparo. En dos oportunidades el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el planteo pero la Cámara Federal –en fallos firmados por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– primero revocó el fallo y luego directamente apartó al juez.

La intervención de Bertuzzi es llamativa en este contexto. Integró el tribunal oral federal que condenó a Boudou a cinco años y diez meses de prisión mientras en simultáneo gestionaba su traslado por decreto del expresidente Mauricio Macri a la Cámara Federal. Sonaba a demasiado incluso para Bertuzzi, quien  se excusó para intervenir en el reclamo de Muñoz. Justamente, porque debía resolver sobre un pedido de una testigo que contribuyó a la condena del ex vicepresidente, lo que –en los hechos– constituyó su catapulta al cargo de camarista federal que ocupa actualmente pese a que la Corte Suprema dijo que nunca debió haber estado allí. ¿Qué pasó? El 12 de julio último, su compañero de Sala en la Cámara Federal Mariano Llorens (el mismo que esta semana sugirió la detención de Cristina Fernández de Kirchner), rechazó la excusación.  «No advierto que los motivos expuestos por el Dr. Bertuzzi generen alguna de las causales de inhibición contempladas por la norma».

Desde entonces, cada vez que el reclamo de Muñoz fue desestimado, Bertuzzi y sus colegas revirtieron el fallo. El viernes último el expediente llegó a manos del magistrado Luis Rodríguez, quien ahora –con los mensajes que le envió la Cámara– debe decidir si le ordena al Estado que le pague a Laura Muñoz.

La exesposa de Vandenbroele reivindicó que la Causa Ciccone se inició gracias a su «coraje ciudadano», con un reportaje al programa de radio del periodista Jorge Lanata en 2012. Aquel coraje ciudadano hoy tiene número que lo cuantifica económicamente: la legislación establece que cuando la información provista por un informante «permita al Estado recuperar bienes que hubiesen sido detraídos ilegítimamente de la administración pública» le corresponderá hasta un cinco por ciento del valor del bien recuperado, hasta un máximo de diez millones de pesos.

«En mi caso, debe aplicarse el inciso citado en virtud de que mi declaración resultó crucial para evitar que el ex vicepresidente Amado Boudou se apropiara de una imprenta a través de una persona interpuesta con la intención de imprimir billetes. Ello evitó que existiera una Casa de la Moneda paralela. El beneficio económico que me corresponde debe ponderarse sobre esta base legal», se ufanó Muñoz ante la Justicia.

El 26 de octubre de 2020, en el momento más crítico de la pandemia, Muñoz presentó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Seguridad. Como no obtuvo respuesta, el 7 de mayo de 2021 insistió con un pedido de «pronto despacho», pero tampoco obtuvo un pronunciamiento favorable. El 10 de noviembre fue a tribunales. «Frente al silencio del ente nacional me veo obligada a iniciar esta acción por la vía judicial».

Muñoz describió su presente como una situación de angustia y ahogo económico. Incluso indicó que se ha «llegado a acumular una deuda de más de seis meses de alquiler en la casa que el Ministerio de Justicia –bajo otra conducción política– decidió alquilarme. Haber declarado y ser testigo de una mega causa de corrupción público-privada me generó grandes perjuicios a nivel personal. Perdí mi casa, a mi familia. Me dejaron en total estado de vulnerabilidad».

«Fui abandonada a mi suerte a pesar de la trascendencia que tuvieron mis declaraciones para lograr condenas judiciales en casos de corrupción de gravedad institucional».

El Poder Judicial tiene ahora la tentación (y acaso una velada obligación) de reescribir aquello que desde el fondo de la historia asegura que «Roma no paga a traidores». «