Ningún sector de la oposición quería que Mauricio Macri afrontara su último año de gobierno sin Presupuesto. El resto es sólo política. Los discursos crispados, las movilizaciones, los cruces y las chicanas son parte del asunto y fijan una postura ideológica frente a un Presupuesto de ajuste apalancado en un acuerdo, a todas luces gravoso para la Argentina, firmado con el FMI.
“Si se aprueba el Presupuesto habrá menos plata para educación, salud, alimentación y nutrición”, decía, por ejemplo, Felipe Solá. El planteo del exgobernador es cierto. Tan cierto como que el rechazo al Presupuesto no modificaría la decisión política de la gestión encabezada por Mauricio Macri para recortarle los recursos a áreas sensibles de la administración pública.
El rechazo al presupuesto lo único que haría, más allá de sellar a fuego la debilidad política del oficialismo, es posibilitad del más alto grado de discrecionalidad que puede tener una gobierno a la hora de asignar partidas que es la prórroga del presupuesto del año anterior.
Por eso, fuera de micrófono los referentes más duros de la oposición no dudaron en asegurar en las últimas horas que no dejarían sin presupuesto a Macri en su último año de gobierno. Y advirtieron que un rechazo solo podía derivar en un más alto grado de discrecionalidad para el manejo de partidas.
La aprobación del Presupuesto es una cucarda que el oficialismo se colgará como muestra de su fortaleza política de cara a la firma del acuerdo con el FMI. Una medalla que sólo brilla al cruzar la frontera. Puertas adentro se ve opaca porque el gobierno cruje. Porque, entre otras cosas, buena parte del éxito parlamentario se lo debe a Emilio Monzó, un hombre que ya parece definitivamente relegado en la construcción política del oficialismo, y que apenas se dedica a hacer el trabajo político dentro del Parlamento. Porque la victoria se transforma en pírrica toda vez que fue conseguida en contra de buena parte de los preceptos que guiaron al gobierno hasta 2017.
En ese contexto, con el Presupuesto ya aprobado en Diputados, los distintos sectores del peronismo volvieron al menester que los ocupa de manera casi permanente desde el 10 de diciembre de 2015 con eje en la disputa interna.
En ese marco, un sector del kirchnerismo decidió volver a su deporte preferido: La caza de traidores. En ese marco, los cuestionamientos, hacia el peronismo de los gobernadores, por caso clave para la media sanción de la ley de leyes, no tardaron en aflorar. Por su parte, tanto el espacio que conforman Felipe Solá y el Movimiento Evita como el massismo fueron críticos del Presupuesto, pero sin apuntar los cañones contra aquellos “que por responsabilidad de gestión” fueron los chivos expiatorios que aportaron los votos afirmativos.
En nombre de los gobernadores y como presidente del interbloque del Peronismo Federal, Pablo Kosiner, lo dejó claro. “Prorrogar el Presupuesto 2018 es darle más de un billón de pesos a Marcos Peña para que haga lo que se le antoje. Representa el 6% del PBI. También es obligar a muchos organismos a tener que golpearle la puerta para que les gire fondos. No lo vamos a permitir”, dijo. Y agregó: “Este Presupuesto no es bueno porque el Gobierno sigue sin cambiar el rumbo económico. Pero no tenerlo y prorrogar el Presupuesto 2018 sería peor para todos los argentinos”.
Trasladar lo que sucedió ayer en el recinto de manera directa y sin matices a la interna de cara a las elecciones presidenciales del año que viene es sin duda un error. No tenerlo en cuenta también. Intentar trasladar la lógica de las posiciones en el debate del Presupuesto a los acuerdos políticos no sólo es simplificar la cuestión sino dejar de lado el mayor desafío en términos de construcción que tiene el peronismo que es tratar de conjugar los armados provinciales y municipales con la estrategia nacional.