En Casa Rosada repiten metáforas futbolísticas. Será ley, pero el partido hay que jugarlo. Lejos del preocuparse por el riesgo que implica enviar un proyecto desde el Ejecutivo sin saber a priori qué puede pasar en la arena legislativa, el gobierno nacional apuesta a «jugar para ganar» y que después de ocho intentos -que incluyeron una media sanción- el tan postergado derecho al aborto legal se sancione de una buena vez.
El año se acaba y el compromiso electoral del Frente de Todos y de Alberto Fernández de legalizar el aborto se postergó por la pandemia. Sin embargo, otros proyectos, que también podían generar controversia como la reforma judicial o el impuesto por única vez a las grandes fortunas, sí fueron presentados.
El movimiento feminista salió a marcar su descontento con la caravana de autos que se realizó la primera semana de noviembre, precedida por campañas en las redes y por la juntada de firmas que se publicó en Tiempo y en Perfil. Las agresiones y amenazas que sufrieron las activistas y periodistas feministas colmaron el vaso. Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica del gobierno, fue la que tomó nota de ese contexto. Y opinó que el Ejecutivo debía salir a dar respuesta. “Salí vos” le dijo el presidente y lo hizo. La repercusión de sus declaraciones fue mucho mayor de lo esperado. Quedó claro que había una demanda fuerte por parte de la sociedad. No querían -según cuentan fuentes oficiales- que pareciera que el movimiento feminista había «arrancado» de manos del gobierno la iniciativa de presentar el proyecto. Querían que fuera una iniciativa propia, tal como fue prometido y plebiscitado electoralmente.
Este martes la Cámara de Diputados emitió un proyecto de resolución para “expresar un enérgico repudio a las amenazas, intimidaciones e intentos de hackeo que han recibido en sus redes sociales periodistas, académicas y referentes feministas”. Fue firmado por diputados de distintos bloques y con distinta posición frente al derecho al aborto, como los peronistas Cristina Álvarez Rodríguez y José Luis Gioja, Silvia Lospenato del PRO, Graciela Camaño del Interbloque Federal.
Altas fuentes vinculadas con la redacción del proyecto que enviará el gobierno aseguraron a Tiempo que se hará todo lo posible para lograr la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por eso la forma que eligieron es la elaboración de un proyecto propio, que recoge los puntos principales del ya discutido en 2018, redactado por la Campaña del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene vigencia parlamentaria ya que fue presentado nuevamente este año. Los puntos principales: las 14 semanas de gestación como plazo máximo para abortar, la sola decisión de la persona gestante de solicitarlo y la inclusión en el plan médico obligatorio. Pero no es lo mismo para un legislador o legisladora oficialista votar en contra del proyecto del presidente que votar en contra de un proyecto nacido de la sociedad civil. La disciplina partidaria, las conveniencias circunstanciales de algún gobernador, o incluso la necesidad de negociar cuestiones por fuera del proyecto jugaron fuerte en 2018.
Otra de las cuestiones importantes es que el proyecto de IVE será acompañado por una segunda iniciativa que propone acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años de edad. Está basado en un esquema que rige en la provincia de San Juan desde 2016. Si bien es un proyecto consensuado con algunos sectores religiosos, desde Rosada aclararon que no es un proyecto que propone tutela sino derechos, es decir, no deja a las mujeres ni personas gestantes como seres vulnerables a proteger sino que busca empoderarlas para que puedan asumir las decisiones sobre las maternidades sin condicionamientos económicos.
Sin porotear.
Un nuevo grupo de diputadas y diputados sorores se está conformando en la cámara baja, encabezados por Mónica Macha (FDT), Silvia Lospenato (PRO), Brenda Austin (UCR) y Mara Brawer (FDT), entre otros. Son quienes motorizarán la discusión y la suma de voluntades. Sin embargo hay muchos legisladores que votarán a favor pero prefieren resguardar su posición hasta último momento. Una de las enseñanzas que dejó el debate de 2018 es que no es conveniente señalar quiénes son los legisladores y legisladoras que están a favor ya que en su momento fueron atacados y escrachados por grupos antiderechos. Es que las mayorías parlamentarias se construyen con una mezcla de rosca y convicción, más allá del conteo eventual, que va cambiando cada día.
Otro de los ejes que quiere marcar el gobierno nacional es que la discusión se encauce en términos de política de salud pública. Si bien algunos grupos antiderechos pueden intentar llevar el debate hacia posiciones violentas, la línea oficial que baja desde el Ejecutivo es que todos los ministros y ministras y legisladores oficialistas se manejen con mensajes que destaquen la importancia de la ley para evitar los entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos en la Argentina por año. Y los egresos hospitalarios que van desde entre 38 mil y 40 mil mujeres por año que se internan por abortos clandestinos mal practicados.
Por lo pronto, no habrá más novedades hasta el tan esperado anuncio oficial del presidente Alberto Fernández, quien enviará al Congreso el proyecto de ley más importante sobre salud reproductiva, por primera vez rubricado con su nombre, y también con el de Vilma Ibarra.
