La provincia de Córdoba hace mucho que es esquiva al kirchnerismo y el oficialismo lo sabe. Por eso se trazaron dos ejes: obra pública y captación de intendentes. Y ambos tienen un cruce clave: mostrar todo lo que prometió Mauricio Macri a los cordobeses que lo votaron ampliamente en 2015 y que jamás cumplió. Producto de eso, ahora la Nación le debe a la provincia unos 12 mil millones de pesos.

Alberto Fernández depositó en Martín Gill, secretario de Obra Pública y precandidato a diputado nacional, esas dos tareas. Señalar lo hecho en materia de obra pública y sumar jefes comunales peronistas al Frente de Todos. Gill tiene por delante la compulsa contra unas PASO fuertes de Juntos, entre Mario Negri, Luis Juez, y otras dos listas. Y también a los candidatos del único gobernador peronista que va por fuera de la coalición de gobierno, Juan Schiaretti, entre los que se destaca la candidatura a diputada de Natalia de la Sota.

En Córdoba todos recuerdan cuando, el 26 de enero de 2016, Macri firmó ante Schiaretti compromisos de obras por más de 27.200 millones de pesos, por convenio de asistencia financiera entre la provincia, que aportaba un porcentaje, y la Nación, que ponía el resto. La mayoría de esas obras eran de Vialidad Nacional, como el camino de las Altas Cumbres y la avenida de circunvalación, entre otras.

En ese plan de obras viales que se iba a ejecutar en esos cuatro años de macrismo, la Nación iba a aportar un monto de más de 12.000 millones de pesos.

Las obras comenzaron a ejecutarse, pero el gobierno de Macri nunca mandó la plata. La provincia avanzó con las obras tomando deuda a la espera de que en algún momento se cumpliera el compromiso asumido y se pague. Antes de finalizar su mandato, Macri volvió a firmar un convenio en el que reconocía la deuda y prometía que en marzo de 2020 se iban a pagar los 12 mil millones. El expresidente perdió las elecciones, aunque no en Córdoba, y el desfalco lo asumió la nueva administración.

En contraste, fuentes del Ministerio de Obras Públicas aseguran que la inversión total del actual Gobierno nacional en Córdoba es de $48.899 millones desde el comienzo del período, entre lo que se encuentra en ejecución, finalizado, reactivado y a licitar.

Pero más allá de las cuentas, fuentes de la campaña del FdT en tierra meditarranea aseguraron a Tiempo que el oficialismo piensa pasarle factura a los cambiemitas Negri y Juez, y también a Schiaretti por el costo de esos acuerdos incumplidos.

Es por eso que el perfil de Gill como secretario de Obra Pública dentro el ministerio que conduce Gabriel Katopodis es clave para la campaña.

Esta semana, Gill recordó que “hay 1700 obras en marcha en todo el país, entre ellas 300 se están realizando en Córdoba”.

«El gobierno de Macri mostró una actitud para con Córdoba simbólicamente muy amigable, pero en la práctica significó un incremento de pobreza, endeudamiento de la provincia y casi la extorsión de asistencia a la caja de jubilaciones, que era el talón de Aquiles de la administración provincial. Y que significó la paralización de obras que venían en marcha de gestiones anteriores. En definitiva, significó no darle el lugar que le corresponde como la segunda provincia después de Buenos Aire en tamaño, potencial económico y social», dijo Gill a la radio Futurock.

El otro campo de batalla es en el territorio. El objetivo es lograr que los jefes comunales que adhieren al sello de Schiaretti, Hacemos por Córdoba, se sumen al FdT. El miércoles, siete intendentes del departamento de Marcos Juárez se reunieron en la localidad de Cavanagh para manifestar públicamente su decisión de militar la lista del FdT. Además, fuentes proselitistas adelantaron a este medio que esta semana se anunciará en la ciudad de Bell Ville, cabecera del departamento Unión, la adhesión de una docena de intendentes al proyecto del peronismo nacional.

Fue la coalición “frentetodista” la que logró esas incorporaciones. Además de Gill, se sumó al trabajo político el histórico dirigente cordobés Gabriel Fernández, intendente de Viamonte, junto al senador Carlos Caserio y la diputada camporista Gabriela Estévez. El objetivo es lograr que el mensaje del oficialismo nacional salte el cerco del cordobesismo schiarettista.