La primera empresa cuyo titular se arrepintió ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa por las fotocopias de los cuadernos afronta un juicio oral previsto para noviembre por una supuesta estafa con cheques por unos 56 millones de pesos, a valores de 2010.

La información fue aportada al expediente por Luis Julio Ramón Sprito, presidente de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Debicell Ltda. Según relató, la supuesta maniobra ilegal consistió en la emisión de cheques de pago diferido por parte de la filial argentina de la empresa española Isolux, que recurrió a esa herramienta financiera en julio de 2010. La cooperativa que encabeza Sprito compró cuatro de esos cheques “con todas las formalidades de la ley”, pero “llegado el momento de su presentación al cobro, aproximadamente a fines de octubre de 2010 fueron rechazados por el banco girado por orden de no pagar”.

El primero de esos cheques (el que disparó el alerta) trepaba a 634.625,08 pesos. En total eran más de 3,3 millones de pesos. “”

¿Qué se le reprocha a Isolux? Que emitió los cheques para financiarse pero cuando tuvo que pagarlos los denunció como robados. En esa supuesta maniobra intervino, de acuerdo con la acusación, un hombre conocido en el mundo de las finanzas pero también por un desgraciado hecho personal: Martín Bragagnolo. Su hijo, Matías, murió en la madrugada del 9 de abril de 2006, en una gresca entre adolescentes en el barrio porteño de Belgrano.

“La contraorden de pago que había dado la empresa al banco girado, a pesar de estar fehacientemente notificada de que esta cooperativa era la legítima tenedora de los cheques, fue armada por la empresa y un sujeto de apellido Bragagnolo a través de una falsa denuncia de robo que radicó en la seccional primera de la Policía Federal”, consta en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Bragagnolo denunció que él tenía los cheques y se los habían sustraído del interior de su vehículo.

El director financiero de Isolux, José Manuel Llorente Ferreiro; el gerente de Contabilidad, Javier Ernesto Luppo,  y Bragagnolo fueron procesados y el juicio oral comenzará el 23 de noviembre próximo contra dos de ellos. El otro acordó una probation.

Isolux reconoció que en esas fechas, compatibles con el período en el que se investigan supuestos pagos ilegales a ex funcionarios, había “efectuado erogaciones por la suma de 55.901.205,11 en cheques de pago diferido, no a la orden y cruzados”. Pero según el denunciante Sprito lo hizo “sin tomar los más mínimos recaudos para realizar semejante operación sin siquiera dar aviso a la casa matriz española”. El presidente de Isolux, Juan Carlos de Goycochea, el primer arrepentido y también el primer excarcelado de la causa de las fotocopias de los cuadernos, declaró que cuando recibió el presunto pedido de coimas por parte del ex funcionario Roberto Baratta derivó el asunto a Madrid y que el director comercial desde España dio las órdenes de pagar.

Dicho de otro modo, De Goycochea pidió autorización a España para pagar sobornos, pero no para emitir cheques por casi 60 millones de pesos que, al momento de pagarlos, fueron denunciados como robados.

El denunciante recordó que en las denuncias y contradenuncias intervino, mediante una decisión rayana en el fórum shopping, el juez Norberto Oyarbide, quien jugó a favor de Isolux hasta que la Cámara Federal lo apartó del caso. “Oyarbide me mandó a allanar por los pases de (Ezequiel) Lavezzi y (Sergio) Agüero, de los cuales yo no tenía nada que ver. Tiempo después, en el año 2013 o 2014, me lo crucé a Oyarbide en el restaurante Mirasol en Puerto Madero. Mi dirigí a él diciéndole ‘haga justicia doctor’, a lo que me respondió ‘el poder es el poder. Crea en la justicia del poder’”.

Sprito supone que el mecanismo de los cheques fue utilizado para el pago de las supuestas coimas. “El mecanismo lo hace la empresa, libra esa enorme cantidad de cheques para hacerse de dinero y luego presentan estas falsas denuncias para no pagar. Así, el dinero lo sacan en blanco y en efectivo». Nada en el expediente, al menos hasta ahora, robustece esa apreciación.

Sin embargo, la declaración del presidente de la cooperativa excluye de la supuesta maniobra ilegal a Cristina Fernández de Kirchner. “Esta operatoria se termina con la muerte de Kirchner. Fue un antes y un después. Ellos mismos dicen que la operatoria es por 50 millones, se metieron cheques anteriores y la cadena de pago se corta con la muerte e Kirchner”.