Y por eso, explicó Paolo Rocca, no le quedó otra que «pagar» presuntas coimas a funcionarios K.
La versión de la historia que ofreció esta semana el industrial más poderosos de la Argentina encaja con el relato que su CEO y otros ejecutivos repitieron ante el tribunal. La estrategia de defensa empresarial es presentarse como «víctimas» de la «presión insoportable» (Rocca dixit) que le adjudican a los recaudadores kirchneristas.
La defensa empresarial tiene dos planos: aliviar su situación personal y mantener el lazo umbilical entre las contratistas y el Estado. En los dos planos, la Justicia está de estreno.
La «ley del arrepentido» incorporó los delitos de corrupción en 2016. En esa reforma se establecieron los parámetros que se aplican hoy en el #GloriaGate: los «arrepentidos» deben implicar a personas por encima de su escala jerárquica y presentar pruebas de lo que dicen. Si la fiscalía considera que esos requisitos están dados, presenta el acuerdo al juez, que lo homologa. El «arrepentido», entonces, pasa a ser «imputado colaborador». O sea que no zafa del juicio, pero acuerdan algo que para los plazos de la Justicia local es mucho más importante aún: transcurrir el proceso –que en la Argentina demoran unos 15 años– en libertad.
Penalistas reconocidos advierten que el sistema, junto al uso abusivo de la prisión preventiva consagrada por la «doctrina Irurzun», tiene rasgos extorsivos. Y que la suplantación de pruebas documentales por testimonios generará justicia de baja calidad. Pero eso recién se verificará, si alguna vez ocurre, en un jucio oral.
En el aquí y ahora, lo que impacta sobre las audiencias, la política y la economía es el show de «arrepentidos» y «confesiones» que alimenta una historia verosímil: es evidente que durante el kirchnerismo hubo corrupción. Y paga costos políticos por eso. Pero la corrupción es un comportamiento transversal. No hay gobierno ni país exento. La diferencia es cómo se comportan las sociedades frente a eso.
Por lo que se vio hasta ahora, los medios tradicionales y la clase empresaria estimulan la indignación selectiva: condenan a «la política», pero buscan mantener a salvo los negocios del poder real. El macrismo procuró incluso una ley, la de Responsabilidad Social Empresaria, que puede operar como una ley de autoamnistía: la acción penal prescribe a los seis años, limita la responsabilidad de los accionistas y prevé métodos para moderar la sanción a las empresas involucradas en casos de corrupción.
¿Es posible erradicar la corrupción amnistiando a los corruptores? ¿Se puede hacer un Lava Jato en serio aplicando la doctrina Lamolina del «Siga, siga?
No parece. «
