Esconder a una persona no es sencillo. Hacerlo en el mismo momento en el que su cara se multiplica hasta el cansancio en todas las pantallas de televisión y en los portales de Internet de la Argentina es un desafío. Ocultarlo junto a una docena de personas sería casi una proeza.
Es el caso de Oscar Centeno, el ex militar devenido en chofer infiel, que este jueves se arrogó ante la Justicia la autoría de los manuscritos plagados de datos relacionados a supuestos pagos de coimas vinculadas con la obra pública y el mercado de la producción de energía durante el los años que duró los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Tras su primera declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli se activaron los mecanismos para sacarlo del alcance de cualquier amenaza. Para ponerlo fuera de peligro.
También podés leer: Después de una jornada maratónica, Bonadio pidió autorización al Congreso para allanar domicilios de CFK
Mientras el juez federal Claudio Bonadio analiza si homologa el acuerdo alcanzado por Stornelli y Centeno para que el ex chofer declare como “imputado colaborador” -lo que eventualmente podría significarle una reducción de la pena que se dicte en su contra-, el director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados comenzó a analizar cómo proteger al “arrepentido”.
El programa depende del Ministerio de Justicia y es su director quien finalmente decide si incorpora al testigo o al imputado y determina las medidas de protección que le serán otorgadas. Esas medidas pueden ser desde un monitoreo por dispositivo (celular), custodia total o parcial, relocalización provisoria o definitiva y –como medida extrema- el otorgamiento de documentación con otra identidad. En todos los casos, la protección puede extenderse a la familia, para que no sean fusibles de extorsión al colaborador.
El pedido de ingreso formal al Programa tiene que ser formulado por el juez que instruye la causa (Bonadio) con la opinión del fiscal (Stornelli). En este caso, sin embargo, se estaría gestando un ingreso de manera provisoria para resguardar al imputado, algo que debería ser aceptado por él una vez que le informen los alcances de la protección, según pudo saber Tiempo.
“Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho a la intimidad”, informa el propio Ministerio de Justicia en su sitio web.
En el caso de Centeno se estaría pergeñando una reubicación provisoria, mientras que medidas más extremas como el otorgamiento de nueva documentación “todavía son prematuras”, según informaron fuentes que trabajan en el caso a este medio.
Pero la reubicación ya encontró un primer escollo: el chofer infiel tiene una familia muy numerosa (“13 hijos”, según fuentes judiciales), lo que habría generado problemas a las autoridades para encontrar el lugar adecuado a donde trasladar al imputado. El caso recién empieza y ya se le abrió un nuevo capítulo: la difícil tarea de esconder al arrepentido.
