Inviable. Según la multinacional PepsiCo, la «difícil decisión» de cerrar la planta de Florida donde fabricaba snacks salados se debe a «su localización en un barrio residencial con la consiguiente imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados, entre otras razones». Así lo expresó la compañía en un comunicado del viernes pasado. Muda toda la producción a su planta de Mar del Plata. Y deja en la calle a 536 trabajadores.

¿Es PepsiCo una empresa en crisis? Todo lo contrario. En 2016 facturó en el país 4800 millones de pesos, un 26,3% más que el año anterior, y ocupa, según un informe de la revista Mercado, el puesto 217 entre las de mayor facturación. A nivel global, la transacional de origen estadounidense informó ingresos netos por 3.423 millones de dólares en el primer semestre de 2017, de los que Latinoamérica aportó el 6 por ciento. Números que demuestran la falsedad del Proceso Preventivo de Crisis presentado por la empresa.

En el mismo comunicado del día 7, en una extraña justificación del «lock out» en Vicente López, la firma «reitera su compromiso con la Argentina, continuando con las exportaciones a Chile, Uruguay y Paraguay, que representaron un 25% de la producción durante 2016». Y asegura que «no está dentro de sus planes la sustitución de producción nacional por importaciones». Sin embargo, los trabajadores denuncian que ya se venden en comercios del interior del país paquetes de Lays y Doritos, dos de los principales productos de PepsiCo, elaborados en Chile.

Un personaje central en esta trama de vaciamiento es Marcelo Eduardo Bombau, uno de los gerentes de PepsiCo. Bombau integró hasta 2014 el directorio de Torneos y Competencias SA, y fue en los inicios del Fútbol para Todos, en 2009, una de las caras visibles de la argumentación del Grupo Clarín contra la gratuidad de la televisación. M&M Bomchil, el poderoso estudio jurídico del que es socio, y que representa a multinacionales en juicios contra la Argentina en el CIADI, figura montando 14 empresas off shore en las filtraciones de los “Panamá Papers” y fue contratado por Odebrecht para articular su estrategia judicial local por el escándalo de las coimas para obtener contratos de obra pública.

También estuvo vinculado al mundo de los medios el actual presidente del directorio de PepsiCo, Sergio Hugo de Francesco, quien ocupó un cargo gerencial en Telefé entre 2000 y 2002.