La Defensoría General de la Nación, el organismo que reúne a los defensores oficiales nacionales y federales, pidió ser querellante en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Es la segunda vez en la historia que la Defensoría se presenta institucionalmente como “particular damnificado” en un expediente. La anterior, hace más de un lustro, fue por un episodio de violencia que sufrió una defensora en el interior de un penal.

Esta vez la situación es bien distinta. Y mucho más grave. El organismo, a través del defensor oficial Pablo Rovatti y del titular del área de Violencia Institucional, Luciano Hazán, consideró que sus funcionarios también fueron espiados. Que cuando los defensores oficiales iban a los penales, especialmente al de Ezeiza, eran escuchados, tal vez filmados y grabados en ese contacto privado, personal y protegido legalmente con sus asistidos. “La institución, como tal, es parte damnificada, sin perjuicio de la afectación personal de cada funcionario o magistrado. Las tareas ilegales de inteligencia se habrían ejecutado no en función de las personas individuales, integrantes del Ministerio Público de la Defensa, sino más bien por la función de control y asistencia legal que desempeñan por sus roles en el organismo”.

De acuerdo con la presentación, “las personas imputadas en autos habrían realizado tareas de inteligencia ilegal al recopilar datos referidos a las visitas efectuadas al Complejo Penitenciario Federal I por magistrados y funcionarios de este Ministerio Público de la Defensa, fuera para monitoreo de la situación general de la población carcelaria o para entrevistas individuales con las personas asistidas”, explica la presentación, a la que tuvo acceso Tiempo.

Los Colegios Públicos de Abogados de la Capital Federal y de La Plata ya están presentados en la causa por la violación a las garantías del ejercicio de la profesión.

“Se investiga el contenido de los intercambios de un grupo de la aplicación WhatsApp, integrado por miembros de la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, llamado ‘Parte informativo’. Se trataría de una herramienta de intercambio de información para llevar adelante tareas de inteligencia criminal».

«En los intercambios de información se asentaron registros de ingresos de integrantes del Programa contra la Violencia Institucional y de la Comisión de Cárceles de esta Defensoría General, así como de otros magistrados o funcionarios del sistema de administración de justicia o de otros organismos de control carcelario”.

¿Qué perseguía la estructura de espionaje que quedó probada en los allanamientos que realizó el primer juez de la causa, Federico Villena? Saber si desde el interior del penal los detenidos activaban políticamente hacia el exterior. 

El viernes, al pedir la indagatoria de la plana mayor del Servicio Penitenciario Federal y exagentes de la AFI, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sostuvieron que “la producción del material realizado por los funcionarios del Servicio Penitenciario recayó luego en manos de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. A la vez, este organismo dispuso de un complejo entramado administrativo y operativo que le permitió escuchar ilegalmente las conversaciones de los privados de la libertad alojados en el Sistema IRIC. Con esa información se concretó un perfecto y sofisticado método de ejercicio brutal de poder, por fuera de cualquier límite jurídico, en definitiva, al margen de la ley”.

La recopilación ilegal de información se extendió hacia los defensores: “Entre los mensajes del grupo se habrían intercambiado fotos de los documentos nacionales de identidad y credenciales oficiales de diferentes magistrados y funcionarios de la Defensoría General de la Nación”.

En la causa hay otro querellante: Carlos Santiago Kirchner. “No cabe duda alguna de que el interés sobre mi persona estuvo dado por mi calidad de exfuncionario y, en especial, por ser el primo hermano del expresidente Néstor Kirchner”. «