La defensa de Amado Boudou le pidió a la Corte Suprema que rápidamente anule el juicio en el que el ex vicepresidente fue condenado por la causa Ciccone y ordene la realización de un nuevo debate, previo a decretar su inmediata libertad.

El pedido se basó en la irrupción de la noticia sobre un pago por parte del Poder Ejecutivo durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, con Germán Garavano como ministro de Justicia, al arrepentido Alejandro Vandenbroele.

Esa revelación sobre el pago de un millón y medio de pesos a Vandenbroele para que instalara un emprendimiento turístico en Mendoza, concretado después de que fuera condenado Boudou y ordenada su detención, está hoy en el centro de la discusión.

La fiscal federal Paloma Ochoa promovió una investigación sobre esa situación y trazó, a modo de hipótesis, que “los dichos de Alejandro Vandenbroele, posiblemente viciados según los testimonios que dieron origen a la presente causa, fueron ventilados, valorados y utilizados para fundamentar condenas”.

“Se torna imperativo analizar el referido legajo para de ese modo constatar una 23 materialidad, y a partir de ello, indagar acerca de los juicios de responsabilidad a que hubiere lugar”, sostuvo la fiscal, al impulsar la investigación sobre el “arrepentimiento” de Vandenbroele, cuyo relato fue fundamental para las condenas.

“Frente a ello –indicaron los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa-, solicitamos entonces se tengan presente los nuevos hechos”.

Los defensores pidieron que “se haga pronto lugar a la queja de esta defensa, en orden al tiempo transcurrido, y se declare procedente el recurso extraordinario oportunamente articulado, y se revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio”.

Ese nuevo juicio, según el planeo ante la Corte, deberá celebrarse “ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida”.

Va de suyo que Boudou, según su defensa, “deberá afrontar ya en libertad” el nuevo debate.

El escrito invoca al jurista Julio Maier, quien se presentó en el expediente como “amicus curiae” (amigo del tribunal, un tercero que sin ser parte aporta puntos de vista para un mejor fallo) en el que recordó que “la Constitución Nacional ha prohibido toda forma de coerción que elimine la voluntad del imputado o restrinja la libertad de decidir acerca de lo que le conviene o quiere expresar. Esta es la verdadera ubicación sistemática de la regla que prevé que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

El texto cita también al jurista italiano Francesco Carrara, uno de los inspiradores del derecho penal que rige en la Argentina, quien “calificó como ‘inmoralidades’ e ‘infamias’ todas las seducciones del reo que se manifiesten en promesas o halagos, calificándolas como un ‘abuso de autoridad’ penalmente sancionable”.

La Corte Suprema no tiene plazos para pronunciarse, aunque lo usual es que habiendo detenidos acelere los tiempos de sus decisiones.