La DAIA pidió hoy formalmente la reapertura de la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA, que apuntó contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; su ex canciller, Héctor Timerman, y otros personajes directa o indirectamente relacionados con su gobierno.

La representación de la colectividad judía es la única apelante contra la decisión del juez federal Daniel Rafecas y la Sala Primera de la Cámara Federal, que habían coincidido en dos oportunidades en desestimar la denuncia de Nisman cuatro días antes de su muerte. Mediante un escrito que mezcló tonos conjeturales con sucesos contrafácticos, la DAIA postuló la reapertura de la causa y, como medida complementaria, el apartamiento de todos los jueces que intervinieron hasta ahora en el expediente. Algo así como “saquen a estos jueces que dijeron que no hubo delito y pongan a otros que piensen diferente”.

La exposición de la DAIA estuvo a cargo de los abogados Gabriel Leonardo Camiser y Santiago Kaplun, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la comunidad judía, Ariel Cohen Sabban. La sensación instalada en los tribunales federales indica que la denuncia de Nisman cuenta con grandes posibilidades de reapertura. La cuestión a resolver es cómo lo hará la Casación, ya que se trata de una causa que tiene un primer fallo firme. Luego la DAIA argumentó que se produjo un hecho nuevo que ameritaba “desarchivar” la causa, esto es que el ex canciller Timerman, en una conversación telefónica privada, admitió que el atentado contra la AMIA lo habían cometido los iraníes. Eso nunca estuvo en discusión, aunque hoy se está celebrando un juicio oral sobre presunto encubrimiento de otra hipótesis, denominada “la pista siria”.

La defensa de Timerman, a cargo de los abogados Alejandro Rua y Graciana Peñafort, insistió en que «no hubo delito» en la firma del memorándum de entendimiento con Irán. De hecho, fue una decisión política no judiciable, avalada por el Congreso. Más allá de que la justicia luego lo haya declarado inconstitucional, había una instancia de revisión que quedó trunca porque otra decisión política, esta vez del actual gobierno, resolvió no llevar el análisis hasta la Corte Suprema. También expuso la ex jueza Lucila Larrandart, quien defiende al dirigente de “La Cámpora” Andrés Larroque.

La Cámara de Casación dispone de un plazo legal de 20 días hábiles para tomar una decisión, lo que podría llevar el fallo a febrero del año próximo. No obstante, fuentes judiciales no descartaron que el tribunal adopte su determinación antes de fin de 2016.