«Lilita Carrió es, fue y será ingobernable, pero el jueves volvió a ser como (Juan Román) Riquelme en Boca, que muchas veces le da un montón de alegrías al club, pero a veces es el mejor de la oposición», graficó un funcionario de la Casa Rosada para definir el intempestivo rol que desempeñó la jefa de la Coalición Cívica, antes, durante y después del fracaso de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para obtener la sanción definitiva de la reformas tributaria y previsional. La comparación de la diputada chaqueña con el mejor jugador del club azul y oro (que siempre le marcó la cancha a su presidente, Daniel «Tano» Angelici, y a Mauricio Macri) no es descabellada para el funcionario de Balcarce 50 que presenció el naufragio de la sesión clave para el gobierno, y el viernes tuvo que volver mudarse al Congreso, para ser testigo de la interminable negociación que mantuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, con nueve gobernadores, para acordar un repechaje de la sesión para mañana.
«Lilita» no se sentó a negociar, ni se encargó de escrutar el listado de 140 nombres que Frigerio le llevó al presidente para asegurarle que la sesión no volverá a naufragar. El jueves, se lamentan impresionados en la Rosada, la chaqueña les «marcó la cancha» tres veces. «Primero, para frenar la sesión en el recinto; luego para pegarle a (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich y después para volver a sacarse desde Twitter y advertirle a Macri que no iba a apoyar que la reforma previsional saliera por un decreto», resumieron las fuentes consultadas por Tiempo. Los mismos voceros admitieron la zozobra que respiró el jefe de Estado cuando vio por televisión el escándalo en Diputados que hizo caer la sesión que sus colaboradores le habían anticipado con un desenlace exitoso y seguro.
La minicrisis que estalló en ese instante reabrió las grietas internas del Gabinete, originariamente divido entre un sector más duro, conducido por el propio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; sus secretarios de Coordinación, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Del otro lado, como sucede desde diciembre de 2015, emergen los contornos cambiantes del ala política integrada por funcionarios como Frigerio; el jefe de Diputados, Emilio Monzó; el titular de la bancada PRO de ese cuerpo, Nicolás Massot; la titular de la cartera de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y su par de Justicia, Germán Garavano.
Los principales miembros de ambos equipos protagonizaron las discusiones más ásperas sobre la forma que debía elegir el gobierno para abordar la crisis que surgió desde las entrañas del Congreso y se trasladó en segundos a los alrededores del Palacio Legislativo a partir de la violenta represión.
La cacería que llevaron adelante las fuerzas federales frente a la movilización convocada para repudiar la sanción de la ley se intensificó cuando fracasó la sesión, pero fue uno de los temas que provocó ásperas discusiones dentro del gobierno, y de Cambiemos, que finalmente verbalizó Carrió. «Ella paró la sesión, pero afuera estaba todo muy empiojado. A pocos días de otro aniversario del 20 de diciembre, era muy difícil tener que votar una ley que les bajaba la plata a los jubilados, mientras la Gendarmería cazaba gente a una cuadra del Congreso», completó otro escudero de la Casa de Gobierno.
Los funcionarios que revistan en la línea dura primero sostuvieron la pertinencia de mantener y profundizar el operativo. Con la misma vehemencia defendieron la firma de un DNU, que está rubricado por todos los ministros del Gabinete, salvo por Macri: el presidente dejó su firma en suspenso para que el «ala política» volviera a intentar un repechaje en el Congreso.
Ante las consultas de este diario, un alto funcionario negó la furia presidencial que otras fuentes relatan desde el jueves. «Estuve 12 horas en el primer piso de la Casa Rosada y vi al propio presidente hablar con los gobernadores para encontrar una salida», aseguró el hombre del ministro coordinador.
«El plan original que teníamos era sacar ambas reformas antes de la medianoche, pero ya corría la advertencia de paro de la CGT y temíamos que, si se vencían los plazos, a algunos diputados se les pusieran fríos los pies y no quisieran votar», confió un vocero de Cambiemos dentro del recinto. Allí, el frío llegó 12 horas antes de lo previsto y los poroteos del quórum se diluyeron en medio de las disputas internas del oficialismo. Esa fue una de las razones por las que los gobernadores fueron citados en el Congreso y no en la Casa Rosada. «Habría sido mucho peor tener la misma movilización en Plaza de Mayo, justo en diciembre, y en medio de un clima tan espeso», se justificó otro funcionario consultado para relativizar la figura de un presidente enojado.
La secuencia no ha concluido: las únicas dos certezas que ahora descansan en el escritorio presidencial son el listado, con los nombres de los 140 diputados que ofrendarán su voluntad para garantizarle la pieza clave de su plan de reformas, y la ausencia confirmada de Gendarmería para este lunes, en un operativo que terminará de diseñarse este domingo sin el comando unificado que condujo Bullrich y bajo la tutela de la Policía de la Ciudad, que no aportará los 2000 efectivos necesarios y pedirá la colaboración de las demás fuerzas federales. «
Silencio sobre la cautelar que reclama frenar el debate
A horas de que se lleve a cabo la sesión de la Cámara de Diputados convocada para debatir la controvertida reforma previsional, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) espera un pronunciamiento de la Justicia de la seguridad social sobre la acción de amparo que presentó el jueves para impedir la deliberación. Mañana a las 8:30, y antes de movilizarse hacia el Congreso, la organización hará una escala en Marcelo T. de Alvear y Callao, donde funciona el fuero de la Seguridad Social para reclamarle al magistrado que subroga el Juzgado Federal de primera instancia N° 2, Fernando Strasser, un pronunciamiento que evite el debate. Con el argumento del «peligro de un daño inminente», la CTEP presentó una acción expedita contra ambas cámaras legislativas que contempla dos elementos: una cautelar para impedir la sesión y un amparo por la cuestión de fondo, que directamente objeta la reforma.
El jueves, el titular de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, emitió su dictamen pero hasta ayer no había sido notificado sobre decisión alguna. El fiscal a cargo de la UFISES entendió que «de no suspenderse cautelarmente la sesión extraordinaria en cuestión, se materializarán lesiones a derechos fundamentales de las personas involucradas» y recordó que «en casos como el presente puede conllevar a una denegación en el acceso a la justicia en plazos razonables». Nada indica que el juez Strasser vaya a frenar el debate. No sólo por el antecedente que fijó a partir de otros fallos, sino porque su nombramiento como titular del juzgado que hoy subroga está a punto de aprobarse. La comisión de acuerdos del Senado se reunirá el martes para aprobar su pliego y el de otros seis candidatos a ocupar juzgados, y todo indica que no pondrá en juego su futuro por una cautelar.
