Casi en el mismo momento en que la diputada Victoria Donda promovió el juicio político a la jueza Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema volvió a ratificar su continuidad en el cargo pese a que ya superó los 75 años de edad.
El jueves último, en el acuerdo previo a que asuma como presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, los jueces firmaron un nuevo rechazo a un planteo contra la permanencia de Highton. «Esta Corte tiene decidido que sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria ni por el de nulidad, salvo circunstancias excepcionales que no concurren en el caso», suscribieron Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti (quien intervino por última vez como presidente), Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
En rigor, desde que en febrero de 2017 el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico falló a favor de Highton en una acción de amparo y le permitió seguir en el cargo pese a que la Constitución se lo prohíbe, el gobierno nacional y la propia Corte coincidieron en la continuidad. El gobierno, porque pese a que se había pronunciado en contra, nunca apeló la sentencia. El Poder Judicial, porque le cerró todas las puertas al reclamo del excamarista civil Diego Carlos Sánchez, el único integrante de la corporación judicial que objetó la permanencia de Highton.
A lo largo de 2017, todos los intentos de Sánchez (y fueron varios, entre ellos la recusación de jueces por presunta parcialidad, reposiciones, revocatorias y nulidades) fracasaron. Este último, tratado el jueves pasado, también.
Sánchez renunció a su cargo a mediados de 2014 cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y enviarlo a juicio político por trato descortés hacia sus empleados y las juezas que integraban su propio tribunal, a quienes llamó «brujas». Compartía la Sala D de la Cámara Civil (el fuero del que proviene Highton) con las juezas Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat, a quienes se refería como «la putativa presidenta de la sala D» e incluía en sus votos dibujos de brujas con la leyenda «que las hay las hay».
Ante el fallo que ratificó la permanencia de Highton, Sánchez pidió ser tenido como «parte» para apelar y sostener sus argumentos en todas las instancias judiciales, pero no fue aceptado: «Ya se ha dictado sentencia, la cual fue consentida por las partes».
Las partes eran la propia jueza y el Estado Nacional. El fallo virtualmente pulverizó en ese caso específico un artículo de la Constitución Nacional, que Highton aceptó y juró. Un mes después, la Corte emitió un fallo en el que estableció que los jueces mayores de 75 años no podían permanecer en el cargo. Para ese entonces, la continuidad de Highton ya tenía fuerza de «cosa juzgada».
Highton, al igual que Raúl Zaffaroni, prestó juramento con la Constitución reformada en 1994, que estableció expresamente el tope etario y fijó un mecanismo de reválida para la permanencia. En cambio los difuntos Enrique Petracchi y Carlos Fayt habían jurado con la anterior Constitución, lo que les daba un hándicap para continuar después de los 75 años. Ese argumento, que lucía razonable, fue sostenido por el excamarista Sánchez cuando pretendió apelar el fallo. Pero ni siquiera fue analizado.
Highton fue pieza clave en el desplazamiento de Lorenzetti como presidente de la Corte, a quien había acompañado prácticamente durante todo su mandato. Semanas atrás, votó por el cambio y contribuyó de manera decisiva para ungir a Rosenkrantz y formó mayoría con Rosatti. El propio Lorenzetti, ante la situación sin retorno y el hecho consumado, resolvió también él votar al nuevo presidente.
Esta semana, la diputada Donda impulsó el proceso de juicio político contra la jueza, a quien acusó de haber usado información confidencial para mantenerse en su cargo. «
