La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo que depende de la Corte Suprema y que concentra las escuchas telefónicas, informó que no hubo “entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información”.

La dirección, a cargo de los camaristas federales Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun, salió así a desligar a la Corte del escándalo que generó la publicación de los audios entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.

A partir del descargo, todas las miradas apuntan a la AFI, conducida por el cuestionado empresario Gustavo Arribas, y al fiscal federal Guillermo Marijuan.

La misma oficina que desmintió la filtración reconoció la intervención de la AFI en las escuchas. En diálogo con La Nación, el director de Captación de Judiciales, Juan Rodríguez Ponte, señaló: «Por indicación del juez, el año pasado nosotros le entregamos todos los CD con las grabaciones de las escuchas a personal de la AFI».

Lijo ordenó las escuchas en el marco de una extraña causa iniciada a Parrilli por el supuesto encubrimiento del entonces prófugo Íbar Pérez Corradi.

El fiscal que sigue el caso, Guillermo Marijuan, es quien impulsa a partir del audio una denuncia contra la ex presidenta por el supuesto armado de causas contra el espía ‘Jaime’ Stiuso. «Fue una escucha ordenada por un juez, en el marco de una causa constituida legalemente, cumpliendo todos los pasos que establecen las normas procesales. Es una escucha legal y que se había considerado útil para la investigación», afirmó.

Para despegarse de la filtración, el fiscal aseguró que en la fiscalía no tienen los CD con estas escuchas sino que conoció la información a través de informes de inteligencia de la AFI. “No tenemos los audios. Yo no tuve acceso al audio, lo conocí igual que ustedes en el día de hoy», indicó.

Esta declaración, sin embargo, no aclaró demasiado el panorama. La abogada Graciana Peñafort, a través de su cuenta de Twitter, puso una serie de reparos en la explicación oficial del caso.

“Si el delito por el que se investiga a Parrili se habría cometido en el 2015… ¿cómo se fundamentó hacer una escucha en el 2016? Simple, las escuchas no se ordenaron para investigar a supuesto delito de Parrili, se uso esa causa para pincharle el teléfono y espiar no solo a Parrili sino también a CFK. Tan grosera es la maniobra que las escuchas eran procesadas por la AFI directamente”, detalló la ex funcionaria del Ministerio de Defensa.

“Como sea, Perez Corradi fue capturado el 19/06/2016. ¿Cómo se explica una escucha al telefono de Parrili el 11/07/2016?”, se preguntó y agregó: “Tan tarea de inteligencia eran esas escuchas que el fiscal se enteró del contenido de las mismas el 01/ 2017…La escucha es 11/07/2016”.