Pese a los amagues e insinuaciones de rápido cambio de postura sobre la aplicación del “2 x 1” a represores de la última dictadura, la Corte Suprema reafirmó el fallo que abrió las puertas de la cárcel a cientos de condenados por delitos de lesa humanidad. Ni siquiera fue necesario que intervinieran los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los firmantes de aquella cuestionadísima decisión. El máximo tribunal rechazó, con la sola intervención de un funcionario de rango jerárquico muy inferior al de juez, un pedido para revisar su propia decisión.

Poco después del “Fallo Muiña”, el abogado Daniel Igolnikov –habitual fatigador de denuncias sobre casos de corrupción en los tribunales- presentó ante la Corte un recurso “de reposición in extremis, contra el auto que dispuso la aplicación del 2×1 en los casos de Lesa Humanidad”, mediante el cual pidió una autocorrección “por contrario imperio, atento las consecuencias que ya se empiezan a notar y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Ese mismo día, sin necesidad de asomarse a los despachos de los jueces, la directora general de Mesa de Entradas de la Corte, María Eugenia Slaibe, rechazó el pedido y le advirtió a Igolnikov que “deberá abstenerse de insistir con presentaciones similares, debiendo peticionar conforme la ley procesal vigente”.

“Se le hace saber que no se encuentra legitimado para recurrir en dicha causa en razón de no ser parte. (…) No habilita la jurisdicción del Tribunal presentaciones aisladas que no constituyan caso o controversia en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional”. Es cierto: Igolnikov no era “parte” del expediente que otorgó los beneficios de la “ley más benigna” al condenado Luis Muiña. El medio millón de personas que tapizó la Plaza de Mayo repudiando el fallo, tampoco.

A pesar del rechazo, el argumento de Igolnikov fue tácitamente recogido por la Corte para preparar el sinuoso camino de regreso sobre sus pasos. El máximo tribunal emitió un comunicado en el que anunció que “en los casos que aún se encuentran en trámite” (lo que excluye a Muiña) instruyó al secretario penal Esteban Canevari para que “reúna los expedientes” para que “como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362”, la del 2 x 1.

A nadie escapa que las víctimas que sí son “parte” de los expedientes se pronunciarán abrumadoramente en contra de las libertades de los represores. Ya lo hizo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Y “el pueblo” (según la Constitución se expresa a través de sus representantes, los diputados y los senadores) sancionó rápidamente la ley que omite el beneficio del cómputo de las penas en casos de violaciones a los derechos humanos. La sumatoria de factores arrojará, de cara a futuras decisiones de la Corte, que el escenario cambió. Entonces estará en condiciones de volver a cambiar.

¿Cómo lo hará? En el cuarto piso del Palacio de Tribunales recuperó fuerzas el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Fue él quien les advirtió a sus colegas que el fallo Muiña iba a generar un terremoto, pero cuando comprendió que el principal impulsor de la decisión, Rosenkrantz, estaba resuelto a seguir adelante, los dejó hacer. Para el “afuera”, Lorenzetti quedó a salvo del oprobio; en la interna de la Corte, los porotos se cuentan de manera diferente. Bastará con que uno de los tres que firmó aquel fallo escriba que a partir de la nueva ley ya no se puede aplicar el mismo criterio que en Muiña para que todo vuelva para atrás. Esa es la discusión que ya se instaló en el tribunal.

Es complejo, porque lo que ya dijeron los integrantes de la mayoría es que la ley “más benigna” se aplica siempre. Y la nueva ley es, para los reos, “menos benigna”. Desdecirse de lo que ya sostuvieron amenaza con generar en el mundo jurídico un descrédito de microclima superior incluso al descrédito popular. Esa situación no se salda sin renuncias.

Tres veces durante la semana que pasó colaboradores de Rosatti desmintieron su dimisión. En las cercanías de Highton de Nolasco deslizan que, pese a tener el aval judicial para continuar después de cumplir 75 años de edad, la jueza evalúa presentar su renuncia en diciembre próximo. En tanto Rosenkrantz, autor ideológico del fallo, optó por el más cerrado de los silencios.