En un contexto de tensión interna inédito, la Corte Suprema planea para los primeros meses de 2019 sacar cuatro fallos que incidirán fuertemente en el humor social y, tal vez, también en el cronograma electoral. Dos están relacionados con cuestiones jubilatorias aunque, por ahora, no habrá un pronunciamiento sobre la reforma previsional sancionada en diciembre de 2017, y que derivó en una pérdida de más de 25 puntos porcentuales en los haberes de jubilados y pensionados. De los otros dos, uno se relaciona directamente con el dinero de las intendencias y el restante con un viejo mandato constitucional anclado en una aspiración popular que, hasta ahora, sólo se concretó parcialmente: la implementación masiva del juicio por jurados.

Hay también un tema más espinoso: las detenciones domiciliarias de condenados por delitos de lesa humanidad. Durante el año que termina la Cámara Federal de Casación Penal concedió a granel ese beneficio. El máximo tribunal también prevé pronunciarse sobre esa cuestión.

La “agenda”, término que se está instalando con fuerza en el lenguaje cotidiano de la Corte, escribió su primer borrador en el último acuerdo de 2018. “Antes, para saber qué se iba a resolver, había que pasar por (Ricardo) Lorenzetti. Ahora hay que buscar mayorías de tres. Se acabó ese personalismo”. Ese fue uno de los objetivos del golpe palaciego que desplazó a Lorenzetti de la presidencia de la Corte y ungió a Carlos Rosenkrantz en su lugar. “Pero una cosa es ser presidente y otra, muy distinta, es ser líder”, diferencian los habituales trajinadores del cuarto piso del Palacio de Tribunales. La figura de Rosenkrantz se asemeja hoy a la de José María Guido, vicepresidente de Arturo Frondizi cuando fue derrocado en 1962. Guido quedó a cargo de la presidencia, pero sólo formalmente, porque el poder real estaba en otra parte; ni en sus manos, ni en las del depuesto.

Por lo bajo, alguno de sus pares lo llaman “Bubby”. No está claro por qué, pero las explicaciones más confiables indican que es porque es más oficialista que el ex presidente de la Corte Julio Nazareno con el gobierno de Carlos Menem. El apodo de Nazareno era, justamente, “Bubby”.

“Hay que entender que la llegada de Rosenkrantz a la presidencia fue un medio, no un objetivo. Un medio para cambiar un estilo de conducción híper personalista. Si él entendió que iba a reemplazar a Lorenzetti para que todo siguiera igual, que se trataba de un cambio de nombres, se equivocó”. La fuente agrega, no obstante, que “un abogado de corporaciones, con una formación académica muy sólida y trato cotidiano con el poder real no puede argumentar ahora que ‘no sabía’, y quejarse porque le vaciaron el poder”.

El principal artífice de los cambios es un hombre que cultiva el bajo perfil pero ha mostrado una enorme habilidad para tejer poder: Horacio Rosatti. Fue él quien disparó la bala de plata que terminó con la década Lorenzetti; fue él quien le puso límites a las ambiciones de Rosenkrantz; es él quien diseñó la nueva mayoría que integra –paradójicamente- con el propio Lorenzetti y con Juan Carlos Maqueda. Es también el ideólogo de las decisiones colegiadas, por mayorías que no siempre se repiten.

En los últimos días, cuando influyentes sectores de la prensa e incluso quien lo postuló para la Corte, Elisa Carrió, le tiraron algunas zancadillas, eligió el silencio. Acaso porque, como rezaba el anillo del difunto presidente de la AFA, Julio Grondona, “todo pasa”.

¿La Corte se está pintando la cara? El Fallo Blanco, en materia previsional, fue una detonación de daños calculados contra el gobierno. Un disparo por encima de la línea de flotación. El gobierno mandó emisarios y presionó todo lo que pudo para, primero, torcer el sentido de la resolución; luego, para postergarla. Si ello hubiera pasado en otro gobierno habría sido una escandalosa intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Aquí no pasó nada. Pero la presión existió.

En los primeros acuerdos de 2019 están previstos otros dos fallos previsionales: los topes de los haberes jubilatorios y si esos haberes deben pagar el impuesto a las ganancias. Ambos se relacionan con las cuentas públicas, en un año económicamente complicado y encorsetado por el objetivo del déficit cero.

Los municipios cobran un canon por la instalación de antenas de telefonía celular y servicios de TV paga. Es una fuente de ingresos que nutre sus arcas, que en los hechos funcionan como caja de contención social ante la malaria económica. Las empresas llegaron con su protesta ante la Corte y el tribunal va a pronunciarse en los próximos meses.

También está prevista la implementación del juicio por jurados en los delitos penales de competencia nacional y federal. Esa modalidad sólo está implementada en algunas provincias; la Corte busca la generalización y extensión a todo el país. ¿Para qué sirve el juicio por jurados? La respuesta fácil es que responde a un reclamo popular. La real es que recortará el poder de semidioses que tienen los jueces a la hora de decidir culpable o inocente. Incluso para los magistrados de las instancias anteriores al juicio ya no será gratis el festival de procesamientos y prisiones preventivas. «


Bonadío: cuadernos, Irurzun y 2×1

Sobre el cierre de 2018, el juez federal Claudio Bonadio sacó del letargo la causa de las fotocopias de los cuadernos para disponer una medida de acto impacto mediático: un nuevo allanamiento al domicilio particular de la expresidenta Cristina Fernández. El gesto vaticina que el caso que conmocionó a la Justicia argentina entre julio y agosto del año que termina será un arma electoral en el que se inicia. Empresarios detenidos y liberados, exfuncionarios presos por la aplicación de una doble vara judicial, y la amenaza constante sobre la figura política opositora que mejor mide en las encuestas debilitaron lo que en un principio parecía constituir un mani pulite local. La llamada «doctrina Irurzun», que estableció criterios anticonstitucionales para la aplicación discrecional de la prisión preventiva, sigue vigente sólo para quienes no abrevan en el oficialismo y todo indica que será uno de los temas sobre los que se pronunciará la Corte a lo largo de 2019.

2018 será recordado también como el año en el que el máximo tribunal volteó el 2×1 para los genocidas, y confirmó que los delitos cometidos por organizaciones guerrilleras no son de lesa humanidad y por lo tanto prescriben.