La Corte Suprema de Justicia definió los temas más importantes que resolverá a lo largo del año. Tal como había adelantado tiempo a finales de 2018, el máximo tribunal definió en su acuerdo de hoy cuáles serán los puntos salientes de su agenda, aunque todavía no definió la fecha exacta de cada tema.

La lista de temas incluye dos que inciden directamente sobre los haberes de los jubilados y pensionados. Uno de ellos es una acción colectiva que busca un ajuste automático de lo que percibe la clase pasiva en sintonía con lo que fijó el “Fallo Badaro”, cuya consecuencia directa fue la actualización de los salarios dos veces al año. El otro es el pago de ganancias de las jubilaciones más altas.

En materia penal, la Corte prevé emitir un fallo que podría establecer el juicio por jurados en todas las causas nacionales y federales, para determinados delitos. Se trata de una añeja manda constitucional que sólo se aplica en algunas provincias y con un esquema acotado. Ese fallo podría modificar definitivamente la manera de juzgar a los acusados en la República Argentina.

El tribunal también se abocará rápidamente a evaluar la validez de la reforma constitucional de La Rioja que habilitó la re-reelección del gobernador Sergio Casas. El tribunal rechazó en enero pasado suspender la consulta popular para validar la modificación vía “enmienda”, pero ahora la situación es distinta. Los jueces ya resolvieron que se trata de un caso en el que pueden intervenir como competencia originaria y lo resolverán antes de las elecciones provinciales, previstas para mayo próximo.

Otro de los temas de relevancia política será el planteo del diputado nacional Felipe Solá contra el decreto reglamentario de la ley de blanqueo de capitales, mediante el cual el gobierno permitió que entraran en ese régimen los familiares de los funcionarios. La ley expresamente vedaba esa posibilidad, pero por la vía de la reglamentación el presidente Mauricio Macri modificó ese límite y, de esa manera, pudieron acceder a los beneficios familiares de dirigentes políticos de primera línea, incluido uno de los hermanos del jefe del Estado. Hasta ahora, todas las instancias judiciales avalaron el accionar del Presidente.

Dos expedientes vinculados con intereses y planteos de empresas privadas aparecen también en el horizonte. La minera multinacional Barrick Gold planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, hasta ahora sin éxito, y las empresas telefónicas vienen resistiendo el cobro de un impuesto adicional por parte de una municipalidad en la provincia de Salta. Ambos temas tiene proyección nacional e incidencia colectiva, y se encuentran en condiciones de ser resueltos en el corto plazo.

También se convocarán a audiencias públicas para analizar la decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo sojero que contribuía a financiar las arcas de las provincias y un planteo de la multinacional petrolera ESSO por una cuestión tributaria.

Del resto de los temas, dos tienen que ver con el Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de “competencia originaria” y en la puja entre dos jurisdicciones, la nacional y la porteña, para intervenir ante determinados expedientes.  También hay un fallo vinculado con Milagro Sala y otro con los reclamos resarcitorios por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.