El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires convocó a un abrazo al edificio de la Corte Suprema de Justicia, para este jueves 12. ¿El motivo? El eventual desembarco de Farmacity en territorio bonaerense. ¿Cuál es el problema? Para la empresa, la ley provincial que se lo impide; para los farmacéuticos, la desregulación y monopolización del sistema de salud.
En 2012, Farmacity hizo el primer intento de instalarse en Pilar. Ante la negativa, inició un juicio al fisco de la Provincia con una «pretensión anulatoria» de la ley provincial 10.606, al presentar un «recurso extraordinario de inaplicabilidad» de la misma. El juez de primera instancia falló en contra de la firma. La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó ese fallo. Luego, la Suprema Corte bonaerense emitió un fallo contundente y unánime, en el cual rechazó todos los argumentos de la empresa.
Si bien la Corte de Buenos Aires subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, la Corte Suprema Nacional decidió en agosto último revisar el caso. Las suspicacias se despiertan en torno al juez Carlos Rosenkrantz, uno de los nombrados por decreto para integrar ese cuerpo por el presidente Mauricio Macri. Desde aquel 2012, Farmacity es representada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Es decir, la demanda lleva la firma de Rosenkrantz y también de Mario Quintana, presidente en ese entonces de la cadena, de la que formalmente se desvinculó cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la actual gestión. Ante dos recusaciones, Rosenkrantz se excusó. Sin embargo, también hay dudas sobre Horacio Rosatti (el otro juez de la Corte nombrado por decreto por Macri): cuando fue ministro de Justicia, su asesora era Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity.
Isabel Reynoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, explicó a Tiempo los motivos de la preocupación en el sector. «Se avasallan las instituciones democráticas de la Provincia. En Argentina, los precios los fijan la industria con la Secretaría de Comercio. Pero cuando se instalan este tipo de cadenas, controlan el mercado y presionan para fijar precios, siempre más elevados», advirtió. «Son grupos monopólicos que apuntan a toda la cadena porque después se meten en la distribución y hasta fabrican medicamentos. Ponen las reglas del juego y nunca a favor de la gente».
En ese sentido, Reynoso defendió la ley actual. «Los modelos a nivel mundial son el francés, el alemán y el español, que tienen reglas similares a las de la Provincia. Incluso en España son más estrictos aún. Es una manera de cuidar el acceso a la salud. Son los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es una ley de corte sanitario, en la que no prevalecen cuestiones comerciales», dijo.
Los puntos centrales que entran en conflicto con Farmacity son la negativa a las SA y la obligación de mantener 300 metros de distancia entre una farmacia y otra, de la misma forma que asegurar que haya una cada 6000 habitantes. «El acceso no está dado sólo por el precio, sino también por la ubicación. Si sacás eso, se instalan en los lugares que creen más rentables, en las arterias principales, y dejan sin abastecer a grandes porciones», aseguró. Si bien no son ajenos a las suspicacias alrededor de Rosenkrantz y Rosatti, Reynoso dijo que los farmacéuticos «confiamos en los cuatro jueces que quedan».
Por otra parte, Reynoso contó: Ya hemos escuchado a Quintana decir que hay problemas de distribución e incluso quiere involucrar al Correo, diciendo que hay problemas de logística. Esto no es cierto, no hay problemas de distribución. Tenemos reposición de medicamentos hasta tres veces por día, de ser necesario. Monopolizan la distribución con centros propios o a través del Correo, con los cambios que quieren hacer. Luego, avanzan con la fabricación. En Argentina, hay una industria muy importante. Además, a futuro, con estos grupos ocurre que cuando ya no les cierra el negocio, lo venden a grupos internacionales. Ya ha pasado en otros países. Se pierden las fuentes de trabajo y cae la industria nacional porque estos grupos operan internacionalmente.
Además, criticó que «los argumentos de la empresa son meramente comerciales. Se han llegado a comparar con Caritas. Si se quieren instalar cumpliendo con la ley, no hay problemas. Pero quieren cambiar las reglas del juego a conveniencia nada más que de ellos. La ley está pensada para que las farmacias se acerquen a toda la gente, no donde le convenga a la farmacia. Tampoco cumplen con la normativa de Ciudad porque venden gaseosas, golosinas, sándwich de milanesas, café, lo que sea, sin que importe demasiado si son productos que afectan a la salud».
Fuentes de Farmacity detallaron a Tiempo la postura de la empresa. «Farmacity considera que el fallo de la Corte bonaerense vulnera principios constitucionales y cuestiona que la ley provincial, de inferior jerarquía, viola normas nacionales que legislan sobre la propiedad de las farmacias, a la vez que afecta la prestación de un servicio esencial y el acceso a los medicamentos por parte de la población. Desde la empresa, destacaron que la cadena se encuentra en 14 provincias y que «la competencia ha logrado mejorar la performance de todo el sector a partir de una mejor calidad de prestación de un servicio esencial como la entrega de medicamentos, con trazabilidad controlada, y brindando empleo formal con capacitación permanente a profesionales farmacéuticos».
La ley que cuestiona Farmacity data de 1987 y fue impulsada por el radicalismo, que en su anterior turno en el poder, con Arturo Illia, había sancionado la Ley de Medicamentos que regulaba su producción e importación. Por estos días, el radicalismo absorbido por Cambiemos no se expresa al respecto. Lo propio hace la gobernadora María Eugenia Vidal. Ante la insistencia de Tiempo, tampoco quisieron responder. El silencio atroz de Cambiemos también aporta a la preocupación. «
