La mayoría automática de Juntos por el Cambio en la Corte Suprema invadió este martes al Poder Legislativo y resolvió mediante un fallo judicial que el senador kirchnerista Martín Doñate cese como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y le ceda su lugar a Luis Juez.
Lo hizo, además, jugando con Horacio Rosatti en su doble papel de presidente de la Corte y del Consejo. O, lo que es lo mismo, juez y parte; no sólo de sus propios intereses sino, fundamentalmente, jugando fuerte a la política. Cómo será de grave la situación que Ricardo Lorenzetti –quien prefirió no votar- parece hoy el hombre más sensato de un Poder Judicial parcial y desquiciado.
Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hicieron lugar al amparo que habían presentado Juez y su colega Humberto Schiavoni cuando el Frente de Todos, mediante una argucia política que ya había utilizado Cambiemos para designar a un representante propio en el Consejo, había conseguido que Doñate ocupara una banca como consejero.
En efecto, el representante de Juntos por el Cambio en el Consejo Pablo Tonelli fue elegido gracias a una escisión del bloque que integraba en la Cámara de Diputados para quedarse con una banca que le correspondía al kirchnerismo. El Poder Judicial lo avaló.
Cuando la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura que rigió durante 15 años y resolvió volver a la formación de 20 miembros con Rosatti como presidente, el Frente de Todos se dividió en el Senado. Con el mismo mecanismo con que había sido designado Tonelli, la titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó la designación de Doñate.
Este martes, la Corte, en un fallo cargado de cinismo, resolvió “ejercer una revisión judicial severa acorde a la trascendencia institucional de la cuestión involucrada, en la cual se encontraba en juego el correcto funcionamiento de las instituciones de la República”.
La argumentación formal giró en torno a un juego con las fechas. “Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación– la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”. El razonamiento omite tomar en cuenta el momento en que se produjo la designación de Doñate, que fue posterior a esas dos fechas. De tal modo, la Corte (que a estas alturas se autopercibe como todopoderosa) consiguió detener el tiempo. Cuanto menos, fingir demencia para asentar en un fallo que el tiempo no había pasado.
En los hechos, Doñate ya no es más consejero de la Magistratura. Su lugar debe ser ocupado por Juez. ¿Por qué es tan importante ese cambio? Porque de esa manera Juntos por el Cambio tiene virtualmente asegurada (o próxima a) una mayoría calificada que le permitirá aprobar las ternas para ocupar cargos vacantes en juzgados claves y también para suspender y mandar a juicio político a los jueces. Así, con una maniobra escandalosa (en la que había participado un Lorenzetti menos sensato que el actual) consiguieron desplazar y luego destituir a Eduardo Freiler como camarista federal.
El fallo de la Corte es un avasallamiento a la independencia de los poderes de la República: el Judicial se entrometió en el Legislativo. Vapuleó la (inexistente) independencia judicial y además inclinó políticamente la balanza de las decisiones actuales y futuras: cualquier cosa que decida un gobierno estará ad referéndum de que el máximo tribunal lo avale.
“El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a las que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, sin siquiera sonrojarse.
Lo que ocurrió en la Argentina es que se consolidó una tendencia que se venía perfilando desde años atrás: gobiernan los jueces, los únicos que no son elegidos por voto popular. El sistema representativo, republicano y federal está en jaque; probablemente mate.
El concepto jurídico que este martes consagraron sostiene que “la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino”. Ese concepto es aplicable a la designación de Doñate pero no lo fue a la de Tonelli.
Una muestra más de la falacia del principio de “igualdad ante la ley”. Los jueces, que siempre le hicieron decir a las leyes lo que ellos querían que dijeran, ahora también eligen la doble vara para medir su propia arbitrariedad.
