El hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias adecuadas son una gravísima amenaza para la vida y la integridad física y mental de toda la comunidad penitenciaria, tanto en lo que hace a los presos como a los trabajadores del servicio y a sus respectivos familiares. Pero además, en caso de salirse de control se convertiría también en una fuente de contagio explosiva para el resto de la comunidad. El gobierno nacional actual recibió más de 100 mil presos, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación de octubre de 2019, un mes después de que el mismo gobierno de Macri hubiera declarado la “Emergencia Penitenciaria Nacional”. El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación ubicaba al país “en una situación notablemente más grave que la de otros de la región, como Paraguay, Venezuela o México, que presentan cifras más moderadas”. La mayoría son jóvenes, detenidos en ocasión de asaltos o delitos de atentados a la propiedad privada, típicos casos de la exclusión social de la desigualdad. Como dice el Papa Francisco, descartados de la sociedad.

En nuestra provincia de Buenos Aires estos son los números: 800 presos enviados a sus casas con prisión domiciliaria al comienzo de abril 2020; sistema penitenciario con capacidad para 24 mil reclusos y 52 mil detenidos. Casación Penal de la provincia dijo que había que enviar a sus domicilios a determinados detenidos, que a algunos jueces les cuesta efectivizar por razones ideológicas u operativas, en medio de una cuarentena que hace naturalmente lentos los movimientos en los juzgados.

Esta y otras razones esgrimen los compañeros de Octubres en Libertad, frente del Movimiento Octubres que trabaja en las cárceles con tareas de capacitación, para solicitar en una carta a las autoridades provinciales a la conformación de un “Comité de Crisis Covid-19 a nivel penitenciario”, como los que están funcionando en las distintas provincias y municipios, con la participación de los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los sindicatos, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, la Iglesia Católica, las otras comunidades religiosas y en este caso particular, de los representantes de los mismos internos y sus familiares.

Mediante este Comité de Crisis se podría velar por que efectivamente lleguen a las cárceles los elementos indispensables para la higiene y prevención del COVID 19, que los reclusos reclaman y que preocupa a sus familiares.

De la misma manera que en otras áreas de la vida cotidiana, e impulsados por la anomalía en nuestras rutinas que significa el Aislamiento Sanitario Preventivo y Obligatorio, estos institutos de la sociedad conviven en una red de contención solidaria, en un esquema de comunidad organizada, que viene a refrendar otro modo de organización social o tal vez, uno que tuvimos en un tiempo que el neoliberalismo creyó borrar. Es decir, la novedad debería ser en este caso, incluir a las personas en situación de prisión en los esquemas que ya ha planteado el Estado, y que articula con dichas organizaciones, dispuestas a colaborar en la comprensión del grado de compromiso que la hora demanda.

Sin embargo, esta situación de alarma en lo que respecta a las cárceles, no es una singularidad de nuestro país sino que lamentablemente se repite en la mayoría de los países del continente.

Lo que pasa en las cárceles es algo que nos involucra a todos. Si se arraiga la epidemia y se generan motines es un problema de todos y no del Servicio Penitenciario exclusivamente. Estamos preocupados por los presos, los guardias, las familias y la comunidad en general. Es una propuesta complementaria a las iniciativas positivas de los poderes ejecutivo y judicial de descomprimir ese horno que son las cárceles bonaerenses, situación agravada en el período de crecimiento de la pobreza y la exclusión social.

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