Entre las muchas áreas que sufrirán sensibles recortes si se aprueba el proyecto de Presupuesto 2019 enviado por el gobierno nacional al Congreso, desde la comunidad LGBTI+ alertan que el recorte de recursos impactará gravemente la ejecución de políticas públicas conquistadas durante años de lucha de ese colectivo, afectando sus derechos a la salud, al trabajo, a la no discriminación y a la inclusión social.
Un documento de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos advierte que las políticas de “equilibrio fiscal” exigidas por el Fondo Monetario Internacional y plasmadas en el presupuesto muestran “un retroceso en la inversión de recursos y asignación de partidas presupuestarias para las políticas públicas, programas y organismos que deben garantizar el acceso a los derechos de la población LGBTI+”.
El análisis destaca el recorte del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable (ley 25.673), que tiene a su cargo la aplicación de la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud. Presenta un incremento nominal en la partida asignada de sólo el 15% para 2019, un tercio de la inflación de 42% pautada en el propio proyecto de presupuesto. Además, a septiembre de 2018 sólo se ejecutó el 24% de los fondos previstos para este año.
También en materia de salud, preocupan el recorte al “Programa de lucha contra el Sida y enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas”, que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de personas que viven con VIH, y la merma en la partida asignada a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), utilizadas principalmente por familias comaternales.
El programa “Seguro de Empleo y Formación” destinado a promover la inclusión laboral de distintos grupos de población, como travestis y trans, personas en situación de prostitución y rescatadas de la trata de personas o víctimas de violencia de género, sufrió un recorte del 30% con respecto al ejercicio actual, que ni siquiera contempla la escalada inflacionaria.
Por fin, los recursos asignados al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) presentan un ajuste presupuestario real que comenzó en 2016. Este año, al mes de septiembre, sólo ejecutó el 52% de los fondos asignados. “Para el año 2019 se presupuestaron $ 6,3 millones menos que para este año –alerta el documento de 100% Diversidad y Derechos–, por lo que si consideramos la inflación proyectada en el presupuesto, el ajuste real es alarmante: se destinará un 28% menos a atender la problemática de discriminación, xenofobia y racismo”.
