En medio de la transición y con la discusión de quién presidirá la Cámara de Diputados en el futuro, la Comisión de Juicio Político convocó a una reunión para el martes 28 con la intención de dictaminar contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Entre las causales por remoción, se encuentran el fallo del 2×1 que benefició a represores de la dictadura, el fallo que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura y el fallo sentencia  que reformuló la coparticipación federal en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se desarrollará a partir de las 13, y tendrá como objeto concluir el proceso de recolección de información para presentar la acusación contra los cuatro jueces. De esta manera, el tema quedaría listo para su tratamiento luego del recambio parlamentario, donde el oficialismo actual –que será oposición el año que viene– necesitará 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

La posición que tendrá el gobierno de Javier Mlei con la Justicia quedó expresada esta semana en un encuentro que mantuvo su futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes del Máximo Tribunal (ver pág. 12). Allí, Cuneo Libarona calificó de «infame» el enjuiciamiento. «Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar», aseguró.

Si bien los diputados libertarios no integraban la comisión de Juicio Político, se mantuvieron al margen de todos los debates que se realizaron desde que comenzaron los encuentros, el pasado 26 de enero.

El último encuentro (7 de noviembre) de la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard, tenía por objeto que los jueces de la Corte Suprema de la Nación hicieran su descargo de manera presencial, sin embargo concluyó con la inasistencia de los ministros del Máximo Tribunal y la reunión terminó siendo breve y con los legisladores de Juntos por el Cambio a los gritos. Y es que la convocatoria se dio en el momento en que se intentó vincular públicamente a uno de los diputados del oficialismo Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que se activó durante la campaña electoral para el balotaje.

Si bien no hubo descargo de manera presencial, dos de los magistrados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz dejaron expuestas sus posturas mediante un escrito donde cuestionaron el rol del bloque oficialista en la comisión de juicio político.

Básicamente plantearon –por separado– «irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso» y advirtieron que muchos de los cargos formulados por la comisión «carecen de las precisiones mínimas» como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos.

«Hay cargos que vinculan hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas», señaló en su escrito Carlos Rosenkrantz.

Tanto Maqueda como Lorenzetti optaron por no responder las acusaciones en su contra.

El juicio político contra la Corte Suprema comenzó el 26 de enero. Hubo 25 reuniones y declararon 65 testigos hasta que el proceso entró en la etapa definitiva.

La reunión del 28 de noviembre estaba originalmente prevista para el viernes 17 pero por la cercanía con el balotaje se decidió postergarla aprovechando la prórroga de sesiones ordinarias y así evitar que el tema –que tampoco simpatizaba al candidato de UP, Sergio Massa– quedara instalado en medio de la campaña. «