Uno de los casos emblemáticos de corrupción durante el menemismo está a punto de prescribir. La Cámara Federal de Casación Penal envió el expediente por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública cometida por los directivos de la multinacional Thales Spectrum en la concesión y explotación del espacio radioeléctrico, a sacar cuentas.
A pedido de uno de los principales imputados, el abogado Juan Carlos Cassagne uno de los más reconocidos profesionales en materia de derecho administrativo, titular de un requerido e influyente estudio, la Casación anuló una resolución que empujaba la causa al juicio oral. Incluso con tribunal ya asignado, el oral federal número tres, y fecha de juicio en ciernes.
Cassagne contó con una asistencia legal de alto vuelo: el excamarista federal del juicio a las juntas, exministro de Justicia y actual abogado de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, Ricardo Gil Lavedra.
En el final del gobierno de Carlos Menem, el Estado argentino concesionó el espacio radioeléctrico a la empresa de origen francés, en condiciones hiperventajosas para los empresarios, liderados localmente por Cassagne. El exfiscal Manuel Garrido denunció un supuesto pago de sobornos, un perjuicio para el Estado del orden de los 320 millones de pesos (equivalentes a dólares para el momento de la firma del contrato) y una rentabilidad asegurada para Thales superior al 150 por ciento. Además de Cassagne, están imputados el expresidente Carlos Menem; su exsecretario de Comunicaciones Germán Kammerath; su sucesor, Alejandro Cima; el expresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la plana mayor de la firma.
La licitación de Thales Spectrum fue la primera que anuló el gobierno de Néstor Kirchner a poco de asumir el poder, en 2003.
La causa discurrió por un juzgado que estuvo mucho tiempo vacante, el federal número siete, subrogado por Norberto Oyarbide hasta que fue designado Sebastián Casanello. La fiscalía también atravesó problemas: era la que ocupaba Patricio Evers hasta su muerte, y es sucesivamente subrogada por sus colegas incluso hasta hoy. Evers pidió la elevación a juicio oral y la fecha de ese dictamen es determinante para que el añejo expediente esté hoy al borde de la extinción.
A mediados de agosto de 2016, la Cámara Federal después de que el expediente pasara por todo el espinel del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema sostuvo que la acción penal estaba aún vigente. Pero Gil Lavedra advirtió que la Oficina Anticorrupción había pedido la elevación a juicio el 23 de junio de 2010 y la fiscalía lo hizo cuatro años y medio después el 19 de diciembre de 2014. El pedido de elevación a juicio oral es una de las «secuelas de juicio» que interrumpe la prescripción.
La Sala Cuarta de la Casación, en fallo dividido, consideró que «corresponde tomar el requerimiento de elevación a juicio de la parte querellante Oficina Anticorrupción como último acto» interruptivo de la prescripción. La pena máxima del delito que se les reprocha a los imputados es de seis años de cárcel; en consecuencia, desde junio de 2010 transcurrió largamente ese plazo. Y el juicio no se hubiera podido realizar sin el requerimiento del fiscal. Un combo ideal para la impunidad.
El fallo que aceptó los argumentos de Cassagne y Gil Lavedra dispuso «remitir las presentes actuaciones al magistrado instructor a sus efectos». Traducido: el expediente viaja hacia el juzgado de Casanello, con la indicación poco disimulada de declarar la prescripción.
Paradójicamente, sólo Carlos Menem, en su condición de senador nacional, puede evitar que la causa se cierre. La acción penal se mantiene vigente para todos los involucrados mientras uno de ellos desempeñe un cargo público. El juez Carlos Gemignani, en minoría, sostuvo ese criterio para ahuyentar la prescripción, pero sus dos colegas de sala, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques ignoraron ese concepto. «
