La causa por la venta presuntamente fraudulenta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) -para un mega emprendimiento que iba a estar financiado por inversores privados pero nunca se concretó y la única inversión fue un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Provincia que nunca fue pagado- está a punto de prescribir.

El Tribunal Oral N°29 debe definir a la brevedad un planteo de las defensas del medio centenar de imputados, que sostienen que se excedió el “plazo razonable” para el juzgamiento.

Ese criterio, el del “plazo razonable”, fue aplicado por otro tribunal para exculpar al difunto ex presidente Carlos Menem en este mismo caso.

Menem estuvo imputado porque firmó la decisión de la venta del predio por unos 30 millones de dólares cuando el valor de mercado superaba los 132 millones. La Cámara Federal de Casación Penal lo sobreseyó porque había transcurrido demasiado tiempo desde que se inició la investigación.

Sobre la base de ese argumento, los imputados por la otra parte de la causa, la fallida construcción de un complejo de entretenimientos, cines, restaurantes y estacionamiento que iba a ser financiado por supuestos inversores privados internacionales pidieron el mismo beneficio.

El tribunal que debe resolver si cierra o no el expediente está integrado por los jueces Cecilia Maiza, Gustavo Goerner y Juan María Ramos Padilla; el fiscal Sandro Abraldes ya dictaminó en contra de la prescripción.

“En función del interés social prevalente a la hora de conocer la verdad en materia de corrupción de funcionarios públicos -con la actuación coprotagónica de varios ciudadanos integrantes de la sociedad civil-, esta Fiscalía General solicita que se rechacen los pedidos formulados por las defensas de los imputados”, propuso el fiscal.

Abraldes denunció una maniobra articulada por “los más de 50 imputados”, quienes “realizaron múltiples presentaciones con la finalidad de dilatar la causa”.

“El análisis del plazo razonable posee variables que escapan del mero incumplimiento o vencimiento de plazos procesales. (…) No existe demora injustificada ni se vislumbra un tiempo desmesurado en el proceso, gran parte de lo cual se explica con los sucesivos y recurrentes planteos orquestados entre todas las defensas”.

¿Qué es lo que se investiga en el expediente?

“La Sociedad Rural, a través de dos sociedades fantasmas, que contaban con un capital social de 12.500 pesos, solicitó un préstamo de 150 millones de dólares al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El pedido fue aprobado por el directorio de la entidad bancaria a una tasa extremadamente baja y a pagar en cómodas cuotas. Concedió el préstamo a la SRA pese a que sería utilizado para una inversión privada y que, para colmo, no sería desarrollada en la Provincia de Buenos Aires, todo lo cual no está permitido por la ley orgánica de la entidad”, reseñó el fiscal.

Así, “las supuestas inversiones extranjeras no eran más que el dinero de los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires. El préstamo nunca fue pagado”, detalló.

El proyecto tampoco se concretó.

Todo ocurrió durante el gobierno de Menem. Cuando ganó las elecciones Fernando De la Rúa, el Banco Provincia canceló los últimos tramos del desembolso crediticio, pero en 2004 “se realizó un acuerdo entre la SRA, representada por su presidente Luciano Miguens, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que establecía la rezonificación virtual del predio” para que, entonces sí, se pudiera construir el mega complejo.

“Dicho acuerdo fue interrumpido por varios miembros de la legislatura porteña, quienes interpusieron un recurso de amparo” para abortar la rezonificación. Pero entonces sucedió un insólito episodio que el fiscal Abraldes describió en su dictamen: “Permite visualizar ante qué nos enfrentamos. Pablo Alejandro Pierini, abogado y representante de los legisladores porteños, habría presentado ante la dependencia judicial que tramitaba el expediente un escrito con la firma de todos los legisladores fraguada, donde comunicaba el desistimiento del amparo”. La investigación por ese sorprendente episodio todavía está abierta.

“En ‘La Rural’ se investigan hechos gravísimos de corrupción en perjuicio de la Administración Pública, que habrían sido cometidos por funcionarios públicos de múltiples estamentos del Estado (Nacional, Provincial y de la Ciudad) y miembros de la Sociedad Rural”, advirtió el dictamen.

En su recomendación a los jueces que deben resolver si consagran o no la impunidad en este caso, el fiscal citó jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación y de la propia Corte Suprema, que sostienen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que involucren a funcionarios públicos.

La Casación dijo, en el caso IBM-Banco Nación, que “es la imputación de la comisión de un ‘grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento’ lo que define la imprescriptibilidad de las conductas que deben juzgarse en este caso”:

La Corte, por su parte, sostuvo que “los delitos cometidos desde el Estado por sus agentes, actuando en nombre de él, no pueden ser alcanzados por disposiciones de orden interno que imposibiliten su investigación y castigo”.