Apenas conocida la decisión de Mauricio Macri de anular la resolución de la Secretaría de Salud sobre la actualización del protocolo del aborto no punible, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado titulado «Nuestros derechos no se negocian».

El texto completo es el siguiente: 

El mismo día que el unificado Ministerio de salud y Desarrollo Social de la Nación publicaba el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, el presidente Macri ordenaba derogar la resolución ministerial 3158/2019 y dejar sin efecto lo resuelto por el Secretario Rubinstein.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiamos esta decisión presidencial por arbitraria, ilegítima y vergonzosa.

La actualización del protocolo hubiera sido una mayor claridad legal en las prácticas ILE, una protección hacia las mujeres y especialmente la adaptación del Protocolo al Código Civil y Comercial (2015) en resguardo de niñas y adolescentes menores de 15 años que prohíbe como regla, la sustitución del consentimiento. Y todo esto era obligatorio para provincias con o sin protocolos. El gobierno nacional, burlándose del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una actitud bochornosa decide retroceder en su decisión.

Pero lo decimos claro, no permitiremos retrocesos. Estamos atentas y movilizadas para defender lo que nos corresponde.

Por su parte, desde la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS),  el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudio de Estado y Socidad (CEDES), manifestaron su preocupación la decisión del Presidente Macri. “El daño que esta falta de coherencia en la política sanitaria puede generar en la salud y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, no parece ser dimensionada por los actores políticos que la han promovido. Así como el Protocolo recientemente actualizado no crea nuevos derechos, su derogación no los elimina. Sin embargo, lo que hace es generar incertidumbre en los equipos de salud, temor en las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que pudieran requerir el acceso a esa práctica, empujándolas una vez más a la clandestinidad y exponiéndolas a la violencia institucional. Con una muestra de mezquindad y desprecio por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, Argentina se acerca al incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Una decisión que lamentamos”, afirmaron.