La exministra de Economía durante el anterior gobierno Felisa Miceli fue sobreseída en una causa en la que se la acusaba de haber beneficiado, como titular del Banco de la Nación, al empresario Sergio Taselli para que comprara y pusiera nuevamente en marcha el quebrado Frigorífico Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.
Miceli y otros imputados fueron sobreseídos después de un largo trámite por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y ese fallo fue confirmado por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, los dos a los que el gobierno eyectó de la Cámara Federal después de que firmaran la excarcelación del empresario Cristóbal López. Por distintas razones, Ballestero y Farah están afuera de la Sala Primera de la Cámara; quien sigue estando allí es Leopoldo Bruglia, el magistrado que voluntariamente pidió dejar un tribunal oral federal para descender en la jerarquía judicial. Bruglia votó, en minoría, para que Felisa Miceli fuera procesada por presuntamente haber recibido una coima para favorecer a Taselli.
El sobreseimiento aún no está firme. El fiscal federal Germán Moldes, esquivo para otras apelaciones, objetó el sobreseimiento, de la misma manera que antes lo había hecho Carlos Stornelli. Y el expediente ya llegó a la Cámara Federal de Casación.
Miceli tiene razones para estar preocupada.
«En lo que hace a la hipótesis del cobro de un 20% de la operación reprochada, resultan contundentes las constancias aunadas al expediente, (fundamentalmente los informes del BCRA, la Caja de Valores SA y la AFIP) donde no se detalla irregularidad alguna sobre movimientos inusuales en las cuentas bancarias de los nombrados, ni modificación relevante en sus composiciones patrimoniales en el período investigado. Paralelamente, con relación a la supuesta ‘gestión o negociación’ en beneficio de la empresa Santa Elena Alimentos SA ante la Directora del BNA, no surgen de las testimoniales recibidas al entonces personal del Banco Nación, elementos que sindiquen que este, ni ningún otro funcionario en cuestión, haya actuado fuera de sus tareas específicas a favor de la citada compañía compradora», dijo el camarista Ballestero.
«Efectuando una visión amplia de la maniobra, no se desprende del trámite de venta cuestionado que haya existido un perjuicio contra los intereses del banco, así como tampoco un beneficio extraordinario en favor del grupo económico o funcionario público alguno», completó Farah. «
