La Cámara Federal porteña reconoció tácitamente que el difunto juez Claudio Bonadio durmió la investigación por presunto lavado de dinero que involucraba al fiscal Alberto Nisman, muerto en enero de 2015 en circunstancias que aún están bajo investigación. Se trata de la causa en la que están imputados Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal, y el empresario Claudio Picón, quien aparece en los papeles como el dueño del automóvil de alta gama Audi en el que se movilizaba Nisman.

Justamente un planteo de Picón, en su carácter de presidente de la empresa Palermopack S.A., desencadenó que los camaristas Mariano Llores y los provisoriamente repuestos Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia advirtieran sobre “el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada”.

Poco después de la muerte de Nisman, salieron a la luz manejos económicos y financieros que llevaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), por entonces a cargo de José Sbatella, y a la procuraduría especializada en lavado PROCELAC, a impulsar una investigación.

A través de su madre y su hermana, Nisman aparecía como presunto dueño de terrenos en una chacra de mar en Punta del Este y de una cuenta en Nueva York en la que fueron detectados unos 600 mil dólares, parte de ellos depositados por el financista Damián Stefanini, desaparecido desde hace seis años.

En efecto, el 23 de octubre de 2012, Stefanini -sin que se conozcan los motivos – depositó 150 mil dólares en la cuenta secreta que Nisman poseía a nombre de sus familiares y del técnico informático Diego Lagomarsino en la sucursal neoyorkina del banco Merryl Lynch.  Stefanini se esfumó de la faz de la tierra el 17 de octubre de 2014 al mediodía en la localidad bonaerense de Vicente López. Tenía 49 años y había sido papá de una beba seis meses antes. Hasta hoy nada se sabe de él.

El empresario Picón pidió a la Justicia la devolución de una serie de legajos del Registro Automotor sobre vehículos de su empresa, que fueron secuestrados por Bonadio al inicio de la causa. ¿Para qué quería Picón esos legajos? Según explicó en el escrito, para renovar la flota de automóviles de su firma. No tuvo éxito con Bonadio en vida, y tampoco hasta ahora con su sucesor, Marcelo Martínez de Giorgi.

Pero la Cámara, en uno de los primeros fallos que volvieron a firmar Bruglia y Bertuzzi, revirtió esa negativa y le devolvió a Picón los legajos, subrayando el nulo avance de la causa desde 2015 a la fecha.

“El objeto procesal de la presente pesquisa consiste en determinar si un grupo de personas -entre las que se encuentra el peticionante-, llevaron a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el circuito financiero legal, bienes o activos provenientes de un ilícito”, dijo la Cámara.

El 28 de agosto de 2015, Bonadio “ordenó la intervención judicial con facultades de veeduría” de Palermopack S.A., “a efectos de fiscalizar la sociedad e informar al tribunal acerca de la eventual existencia de bienes aun no individualizados que puedan constituir el producto o provecho del delito de lavado de activos o cualquier otro ilícito”.

Desde entonces, lo único que pasó fue el tiempo.   “La causa – explicó el tribunal- está a la espera de la resolución de varios recursos de queja ante la Corte Suprema”.

El reconocimiento a la inacción judicial está contenido en un párrafo de la resolución: “si bien pudo haber sido razonable requerir la documentación en cuestión en aquella oportunidad, el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada, se presentan como factores suficientes para restar sustento al rechazo ahora cuestionado”. 

Más aún: los camaristas subrayaron que “a la luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al Juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”.