La Cámara Federal porteña dio por cerrada la investigación al presidente Mauricio Macri por lavado de activos por dos sociedad en paraísos fiscales filtradas por los Panamá Papers por falta de apelación del fiscal Germán Moldes y confirmó así el pase del caso al fuero penal económico para que se determine si hubo evasión tributaria
La decisión fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes resolvieron así confirmar lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, dado que Moldes no mantuvo la apelación de su par de instrucción, Federico Delgado, quien pretendía continuar en el Fuero Federal la pesquisa por lavado de dinero.
Macri es investigado por su presencia en los directorios de dos empresas off shore, Kamegusha y Fleg Trading, que realizó sospechosos movimientos con la empresa brasileña Owners Do Brasil y Socma, según reveló Tiempo.
En el fallo, la sala II del Tribunal de Apelaciones advirtió sin embargo que «la hipótesis de trabajo sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico no es actual sino eventual, en tanto su existencia se reconoce anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la Administración Federal de Ingresos Públicos», según el fallo al que accedió Télam.
La AFIP realiza actualmente una pericia para determinar si hubo evasión, pero esa diligencia aún no está concluida.
La Cámara también remarcó que «en la tarea de examinar las actuaciones con la visión integral propuesta, el descarte del supuesto de lavado de dinero -por cuestiones de fondo para el Sr. Juez de grado y por razones técnicas para el Sr. Fiscal General-, pone en jaque las aristas del objeto procesal».
El Tribunal de Apelaciones resolvió que toda la causa pase al fuero penal económico y dispuso el envío de fotocopias del caso al juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 20, donde ya se investiga a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito al entender que otro delito, la supuesta «omisión maliciosa» en relación a las dos sociedades off shore Fleg Trading y Kamegusha está comprendido ya en esta investigación.
«La dilucidación de la eventual configuración de una omisión maliciosa se encuentra abarcada por el proceso que se sigue ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 20 de esta ciudad, con lo cual la incompetencia decidida es inadecuada», concluyeron Irurzun y Farah.
En un dictamen entregado a la Cámara Federal antes del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal general Germán Moldes que actúa en esa instancia advirtió que no se probó el delito de lavado de activos y por ello desistió de esa parte de la apelación presentada por su subordinado Delgado.
Moldes había avalado la decisión de Casanello de enviar el caso al fuero penal económico al descartar el lavado de activos, un delito del fuero federal, por entender que allí se «cuenta con mayor grado de especificidad y conocimientos propios sobre este tipo de maniobras».
El 18 de abril pasado, Casanello se declaró incompetente en la investigación por las dos off shore cuyo vínculo con la familia Macri y la empresa Socma surgió de la investigación «Panamá Papers».
Fleg Trading fue inscripta en Bahamas y fue dada de baja en el 2008 y Kagemusha, en Panamá, que según informes fue disuelta por deber el pago de impuestos durante una década.
«La atención se centró en los 9,5 millones de dólares que Fleg Trading le habría pagado a Socma Americana SA por las acciones que esta última tenía en Owners do Brasil y la presunta actividad desplegada por Fleg en el negocio de Paguo Fácil en el vecino país», informó el juez al resolver su incompetencia.
«La prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado, eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal», concluyó en ese fallo el juez.
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