La Cámara Federal de Casación Penal volvió a acorralar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Los Sauces–Hotesur”. El máximo tribunal penal del país, que ya había revocado el año pasado el sobreseimiento de todos los imputados por el delito de “lavado”, resolvió ahora tramitar un recurso que amenaza con desembocar en una orden de realizar el juicio cuanto antes, aun cuando todavía hay una instancia de revisión pendiente, nada menos que en la Corte Suprema de Justicia.

La acusación contra Cristina Kirchner gira en torno al presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los Sauces–Hotesur son empresas hoteleras de la familia Kirchner en Santa Cruz y, según la acusación fiscal, el alquiler de habitaciones fue una suerte de pantalla para pagar retornos por la concesión de obra pública durante el gobierno 2003–2015. La expresidenta fue condenada a seis años de cárcel en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos viales en Santa Cruz. Si un tribunal sentenciara que los adjudicatarios de esas obras (el principal es Lázaro Báez) alquilaron habitaciones -que no fueron utilizadas- como parte de un pago ilegal por haber sido favorecidos, el círculo estaría cerrado y la expresidenta marcharía hacia una nueva condena segura.

Pero hay un detalle: el fallo en la Causa Vialidad dispuso el decomiso de casi 85 mil millones de pesos, monto estimado de la supuesta defraudación. ¿Cuántas habitaciones debieron alquilarse para pagar retornos sobre semejante cifra? A valores constantes, con ese dinero se podrían haber comprado varias veces todos los hoteles. Además, todos los pagos fueron bancarizados.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña (los mismos que revocaron el sobreseimiento de la expresidenta y ordenaron que vaya a juicio después de haber sido declarada inocente) decidieron ahora hacer lugar a un recurso de “queja” del fiscal Diego Velasco. Se trata de un planteo para que el Tribunal Oral número cinco, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, fije audiencia de inicio del juicio. Esos mismos magistrados resolvieron en febrero pasado postergar sin fecha el arranque del proceso, puesto que hay apelaciones pendientes en la Corte. El máximo tribunal debe resolver recursos contra el fallo que dejó sin efecto los sobreseimientos, recobró la vigencia de los procesamientos de todos los imputados y ordenó continuar con una causa que ya había sido cerrada. El tribunal resolvió no iniciar el juicio “hasta tanto lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023 (la reapertura de la causa), adquiera firmeza”. Es decir hasta que se pronuncie la Corte, cosa que todavía no ocurrió.

La Casación suele rechazar los recursos de “queja” cuando no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos (por ejemplo, la detención preventiva de un imputado). Se trata de la máxima instancia penal, cuyo principal objetivo es revisar las sentencias de los tribunales orales federales de todo el país. Rara vez “abre” una queja si no hay una sentencia definitiva, y en este caso no la hay.

La cronología procesal muestra que el fiscal Velasco apeló la negativa a convocar ya a las partes para iniciar de inmediato el juicio, y ese recurso fue rechazado. El Tribunal Oral dispuso certificar mes a mes en qué estado se encuentran los planteos de los imputados –entre ellos la propia Cristina Kirchner- ante la Corte Suprema. El fiscal recurrió entonces, vía “queja”, a la Casación, y los mismos jueces que reabrieron la causa aceptaron ahora analizar el pedido de “juicio ya”.

“En la medida en que la queja interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación previstos en el Código Procesal Penal de la Nación, corresponde autorizar la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Sala, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto”, dijeron los camaristas. 

Por lo general, cuando un tribunal como la Casación acepta una “queja”, termina haciendo lugar a lo que ese recurso le plantea. Hay excepciones, es cierto. Pero atento a que Barroetaveña y Petrone son los mismos jueces que decidieron que Cristina Kirchner dejara de estar sobreseída, el pronóstico para la expresidenta parece sombrío.

En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal número cinco, integrado por otros jueces, por mayoría absolvió a todos los imputados antes de celebrar el debate oral. El fallo, de unas 350 páginas, hizo hincapié en que se los acusaba de “lavado”, y ese delito no pudo haberse cometido. Pero Petrone y Barroetaveña refutaron que “considerar agotado el examen no sólo con relación al delito de lavado sino también respecto de ofrecimiento o admisión de dádivas supone un quiebre en el razonamiento” de la estructura de la acusación. En esa misma resolución, ambos dejaron entrever que creen que la expresidenta es culpable. Al confirmar el sobreseimiento de Florencia Kirchner, la hija menor del exmatrimonio presidencial, el tribunal consideró que “la asociación de la que habría formado parte se habría conformado cuando era una niña y al momento de su ingreso las operaciones objetadas ya se encontraban consolidadas”. Y agregó: “con su madre y hermano con roles preponderantes”.

Los dos jueces que coincidieron en sobreseer a CFK,  Daniel Obligado y Adrián Grunberg, fueron apartados de la causa; la tercera integrante del tribunal, Adriana Palliotti, quien había votado en disidencia, fue confirmada en el tribunal colegiado que deberá realizar el juicio.

La Casación ya decidió que habrá juicio. Ahora parece encaminarse a ordenar que, además, se realice lo más rápido posible.  «