La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente- y Mariano Hernán Borinsky,rechazó los recursos de queja presentados por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de ese modo quedó en condiciones de ser enviada a juicio oral.

Tampoco se hizo lugar a los recursos de Báez, procesado junto a Cristina y los también detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

El expediente en el que se la investiga por delitos en la obra pública en esa provincia patagónica se convertiría en el segundo proceso oral y público que deberá afrontar la ex mandataria y senadora nacional electa por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, dado que ya fue elevada a juicio oral la causa en la que está procesada por las operatorias de dólar futuro al final de su mandato, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, con inicio en fecha aún a determinar.

Además, Casación dejó firme el embargo de 10 millones de pesos impuesto por el magistrado a la ex presidenta.

Los camaristas Hornos y Borinsky advirtieron que el procesamiento confirmado por la Cámara Federal no es una sentencia definitiva ni causa un «gravamen» de imposible reparación, por lo cual no corresponde que sea revisado por Casación Penal.

La defensa, ejercida por el abogado Carlos Beraldi, «se limita a señalar la arbitrariedad de la decisión invocando que viola el derecho de defensa en juicio de su asistida, sin demostrar, ante esta instancia, cual es el perjuicio actual y concreto que esa decisión le conlleva y que no encontrará reparación en futuras etapas», indicaron los camaristas en la resolución.

Sobre el embargo que la defensa de Cristina había apelado también, los camaristas lo confirmaron porque no se advierte «perjuicio patrimonial» que pueda perjudicar a la ex presidenta.

Los mismos magistrados rechazaron dos recursos de queja del detenido Báez, el dueño de Austral Construcciones, empresa que según la Justicia se benefició con el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz desde la llegada a la Presidencia del fallecido Néstor Kirchner, tras ser fundada por el empresario Lázaro Báez poco tiempo antes, cuando renunció a su puesto como cajero de banco.

Se trata de la causa penal en el marco de la cual el 5 de octubre pasado, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron a Ercolini el embargo de propiedades de todos los acusados y la apertura de sus cajas de seguridad que ya están franjadas, algo que aún el magistrado no resolvió.

La ex presidenta fue procesada por la supuesta «conformación de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».

La ex presidenta ya fue enviada a juicio oral en la causa donde está procesada por la venta de dólar futuro al final de su gobierno.

Además, está procesada como supuesta jefa de una asociación ilicita en la causa Los Sauces a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien la semana pasada la indagó por supuesto «encubrimiento agravado» a iraníes prófugos del atentado a la AMIA a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por la firma del Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán.

La próxima semana la senadora regresará a los tribunales federales de Retiro para ser indagada otra vez por el juez Julián Ercolini esta vez en la causa Hotesur, que investiga el supuesto cobro de sobornos por la adjudicación de obra pública a través de falsos alquileres de hoteles de esa sociedad familiar.