El aumento de precios de los alimentos tuvo un pico en diciembre de 2023, con una inflación del 29,7% frente al 25,5% de promedio. Fue luego de la devaluación del 118% con la que el gobierno de La Libertad Avanza inauguró su gestión. La tercera más grande de la democracia, luego de las dos devaluaciones de la hiperinflación de Raúl Alfonsín. Y el doble de la devaluación de Eduardo Duhalde en 2002, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Sin embargo, el índice del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) sobre la Economía Social, Solidaria y Popular mostró que ese mismo mes la inflación en este sector fue de solo 19,55%. “Es importante tener en cuenta que, mientras muchos supermercados aumentaron en noviembre anticipando los cambios pos-elección, los espacios de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSyP) van realizando los aumentos al momento de reposición”, aclara el informe. La diferencia entre un sector oligopólico que puede y quiere imponer precios, frente otro que ni quiere (por su concepción de que el alimento es un derecho antes que una mercancía) ni puede (por su condición de competencia dentro de la atomización del sector), es evidente al ver las ganancias de las empresas alimentarias en el primer trimestre de 2024.
Según el informe Ganadores y perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei elaborado por Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP),si se suma a las tres empresas alimentarias que cotizan en bolsa (Arcor, Mastellone y Río de la Plata), sus ganancias operativas tuvieron un incremento del 598% en la comparación interanual.Muy por encima de la inflación del período (273%). Del otro lado del mostrador, el informe de abril de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) mostró que el salario de los trabajadores del sector privado registrado estuvo por debajo de la inflación con un aumento del 246,6%, mientras que el sector público quedó muy por debajo (183,1%) y el sector no registrado ni siquiera llegó a la mitad del aumento de los precios (135,6%). Este último sector representa el 46,5 % de la población.
El salario mínimo vital y móvil registró una caída del 32,1% en su poder de compra. Mientras que el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios tuvo una caída interanual del 4,5% en abril.
El aumento de apenas 2,21% del precio de los alimentos en septiembre (menor al promedio de 3,5% de la general) debe verse en este contexto. Una gota de agua en el desierto. El índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella tuvo un retroceso del 5,92% en septiembre (11,68% en los hogares de menor ingreso).
Productores y cooperativas en crisis
El take over de las empresas oligopólicas sobre los consumidores también se expresa en el balance de cooperativas y pequeños y medianos productores ante el aumento de sus insumos y la reducción en el nivel de ventas. Esto, sumado al abandono del Estado con medidas que van desde el congelamiento del programa Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo), la falta de créditos del Banco Nación y el INAES, o el cierre de programas como Mercados de Cercanía o el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. “La incertidumbre, los cambios de políticas y otras medidas impositivas regresivas que se llevan adelante en esta gestión, como la modificación del monotributo social o el congelamiento del Potenciar Trabajo, lejos de mejorar la situación de los trabajadores cooperativos, aumentan su precariedad”, opina Lorena Putero, del CESO. “Actualmente hay un desafío para las cooperativas sin el apoyo del Estado, que deben empezar a delinear más finamente las estructuras de costos para poder seguir subsistiendo”, describe Lucrecia Scarpeccio, del Estudio Cooperativo Contable (ECC).
“Las ventas han caído alrededor de un 40% y eso hace incrementar los gastos, porque no es lo mismo un viaje para vender 100 cosas que 40. Más con el aumento de la nafta y otros insumos. Si queremos mantener el valor de nuestro trabajo, se ha puesto muy difícil la cuestión del precio final. Sobre todo, porque pretendemos que sea un precio popular”, cuenta Hernán Diego, de la cooperativa La Porfía de Santa Fe. “Los precios de insumos para la producción (semillas, plantines, gasoil o nylons) se han disparado por la devaluación y por la especulación de las tres o cuatro empresas que manejan estos materiales. Esto va acompañado de problemas climáticos, con el agravante de que las familias no tienen la posibilidad de reinvertir en la producción y se están retirando del campo”, describe Zulma Molloja, de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
“Los que van quedando en la producción están en una peleíta de un 10 o un 5% de ganancia, y a veces a pérdida. Y ni hablar del tema animales. ´Eso se va a resolver´, te dicen. ´Y si no, lo importamos´. Estamos ante un Estado que está ausente o que no le interesa, que está mirando esto de las finanzas, de cómo pagar las deudas, que son deudas contraídas por esos mismos de siempre y que terminamos bancando los sectores productivos”, detalla Isaías Ghio, de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
El índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por el sector de Economías Regionales de Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME), muestra que la devaluación de diciembre de 2023 se reflejó en que los agroalimentos multiplicaron sus precios por 3,5 veces del campo a la góndola. La participación del productor explicó solo un cuarto de este aumento.
Según un estudio de la red Calizas, la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor en el rubro alimentos es de 5,3 veces en el mercado concentrado. Una encuesta informal sobre algunas comercializadoras de la Economía Social, Solidaria y Popular muestra que este margen, hasta el momento, no supera las dos veces, aunque está en aumento por el incremento proporcional de los costos.
Concentración y dumping
“A mí me parece que esto tiene un efecto disciplinador”, opina Putero. Y detalla: “Es algo que pudimos ver perfectamente en el caso de la yerba mate. Nosotros podemos ver que aumentó cuando se abrió la importación, que supuestamente era una solución. Primero se importó. Una vez que los productores no tenían a quién venderle, aprovecharon las grandes empresas concentradas del sector con una caída del 50% del precio de la yerba canchada. Y ahora compran la yerba de producción nacional. La pregunta sería: ¿nosotros vimos en góndola una caída del 50% de la yerba? No. Terminó siendo una transferencia brutal de recursos”. En comercio internacional esta estrategia es catalogada como dumping y es considerada anticompetitiva por la Organización Mundial de Comercio (OMC), incluso permitiendo el establecimiento de sanciones o tributos compensadores. Poca gente conoce que existe la Comisión de Defensa de la Competencia en Argentina.
Algo similar denuncian desde Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, con la apertura de la importación de pasta de madera, cartón y papel, que beneficia a Arcor, que además de alimentos produce cajas de cartón a través de la empresa Cartocor. “Eso generó una crisis tremenda en el sector porque bajó a la mitad el precio, y compañeros que podían generar entre 15 y 20 mil pesos en una jornada, pasaron a estar ganando entre 4 y 8 mil pesos. Eso se da en un contexto donde hay menos cartón en las calles por la baja del consumo, y más cartoneros, por la crisis”, explica Agustín Mignorance, de la cooperativa de trabajo La Esperanza de Córdoba.
“La Argentina que viene es una Argentina muy desigual, de exclusión, de violencia, del sálvese quien pueda. Desde el sector cooperativo bregamos para que haya una reflexión sobre la enorme crisis social que esto genera. Nosotros somos la economía que incluye y hoy vemos un panorama negro. La libertad, si no tiene inclusión ni equidad, no es libertad, decía Alberdi”, concluye Ricardo Garzia, secretario de FECOFE.
