Transcurría el 11 de agosto en Lomas de Zamora cuando Cristina Fernández de Kirchner relanzó el plan Qunita, consistente en la distribución gratuita de un kit para bebés, que incluye una cuna con su colchón, un juego de sábanas y ropa, entre otros elementos. Ese anuncio tuvo un alto contenido simbólico, ya que la primera versión de la iniciativa –puesta en marcha durante el tramo final de su presidencia– terminó en la hoguera del régimen macrista debido a una falsa denuncia de la diputada Graciela Ocaña –instruida, obviamente, por el juez federal Claudio Bonadio–, que se basaba en imaginarios sobreprecios.

La causa se derrumbó de modo estrepitoso a fines de junio, luego de que la fiscal Gabriela Baigún sobreseyera a los 18 procesados por “inexistencia de delito”.

Idéntico remate tiene en estos días un grueso de los expedientes armados por el gobierno de Cambiemos contra exfuncionarios kirchneristas, dirigentes políticos  y empresarios rivales. Tanto la nómina de los inquisidores como la trama que supieron cincelar ya no son un misterio. Aún así, llama la atención el clima de época; o sea, la metodología marketinera con la cual sus hacedores naturalizaron ante el espíritu publico semejante industria del garrón.

Las conversaciones telefónicas del ex jefe de la AFI kirchnerista, Oscar Parrilli, con CFK, y quien fuera su segundo en organismo, Juan Martín Mena, comenzaron a ser televisadas en medios afines al gobierno de Macri. Sus editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y delitos gravísimos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta urdir un complot contra el célebre espía Antonio Stiuso, además de presionar a jueces del fuero federal. Pero ni por las tapas mencionaban el verdadero delito en curso: la difusión de audios filtrados ilegalmente, algo muy mal visto por la Ley de Inteligencia. Lo cierto es que ese material tuvo una excelente acogida por parte de la “gente”. Cosas del raiting.

Todo se cifraba en la instrumentación de una “precausa”, eufemismo que alude a un recurso pseudo-legal –y aplicado únicamente en hechos muy excepcionales– que permite poner bajo investigación a una persona sin tener un delito concreto que probar. Los jueces amigos aceptaban con beneplácito esa invitación a “salir de pesca”. A simple vista, la dinámica era de manual: los agentes de la AFI grababan al prójimo, los medios adictos difundían sus dichos, los fiscales los llevaban a indagatoria y los televidentes aplaudían. Tal circuito se cumplía a rajatabla con una llamativa recurrencia.

Pero el camino era a veces arduo. En este punto, conviene retroceder a la mañana del 13 de abril de 2016. Un día inolvidable.

Aquel jueves, CFK fue citada por Bonadio para ser indagada en la causa “dólar a futuro”. Ella encabezaba la lista de 12 ex funcionarios acusados por la venta irregular de moneda estadounidense desde el Banco Central, de acuerdo a una denuncia del radical Mario Negri y del macrista Federico Pinedo.

Lo cierto es que aquel –diríase– acto procesal devino en la primera gran manifestación opositora al gobierno de Mauricio Macri. Un efecto no previsto por él, ya que una multitud acompañó a su antecesora. En tales circunstancias –con un discurso de una hora pronunciado en las escalinatas de Comodoro Py–se produjo su reaparición política, tras cuatro meses de silencio.

Casi cuatro años después, una pericia técnica demostró que la operatoria bajo sospecha no produjo pérdidas al Banco Central. En abril del año en curso, la Cámara Federal de Casación dictó el sobreseimiento definitivo para CFK y el resto de los procesados por “inexistencia de delito”. 

A su vez, el 11 de agosto quedó a la intemperie otra impostura judicial del macrismo, esta vez contra los empresarios Cristóbal López y Fabian de Souza, quienes incluso padecieron una larga temporada carcelaria. Porque la jueza comercial María Soledad Carazza dio por concluida la quiebra irregular de Oil Combustibles, nave insignia del Grupo Indalo. Su desarrollo supo echar luz al apriete para que las dos víctimas pusieran los medios de comunicación que controlaban al servicio de Macri y sus secuaces.

La causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán no le va a la zaga. 

Instruido por Bonadio, tal expediente fue un himno al desplome del estado de Derecho. Y el procesamiento del ex canciller Héctor Timerman requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de eso fue que su absurda prisión preventiva le impidió viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De manera que su cuadro se agravó. Era como si pesara sobre él una condena a muerte aún no escrita, pero ya festejada en redes sociales por sujetos despreciables como Fernando Iglesias, Eduardo Feinmann y Federico Andahazi. Un detalle que convertía tal condena en un linchamiento. Y que, en un plano más que simbólico, articulaba nada menos que la continuidad del martirio de su padre, el periodista Jacobo Timerman, durante la última dictadura. Como valor agregado, la antojadiza apertura y el desarrollo kafkiano del expediente coincide con las visitas de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Timerman falleció  a fines de 2018. 

Desde el 16 de julio pasado, cuando habló CFK ante el TOF 8, los 10 procesados coincidieron en pedir el sobreseimiento y la nulidad de la causa. Todo indicaría que tal sería el destino de este capítulo de la historia judicial argentina. Sin duda, el más absurdo en medio de una ominosa generalidad. «