Al cumplirse 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el día antes de la primera condena a perpetua para Miguel Etchecolatz tras la reapertura de los juicios, la búsqueda se centra en dos líneas de investigación: el cotejo con cuerpos NN aparecidos en el país desde 2006 y el análisis de millones de registros telefónicos  de los primeros años de la investigación.

La instrucción de la causa está en manos desde 2009 en la Unidad Fiscal de La Plata con competencia en delitos de lesa humanidad que coordina desde el año pasado el fiscal general Hernán Schapiro.

El Ministerio Público informó a través de su portal informativo Fiscales.gob.ar, una de las líneas de investigación se centran en el cotejo de las huellas y eventualmente de adn de los cuerpos no identificados hallados en todo el país desde el año 2006.

Según detallaron, solicitaron informes a todas las morgues del país y desplegaron una búsqueda en registros públicos de la provincia de Buenos Aires, para lo que requirieron fichas dactiloscópicas relevadas por la Policía Bonaerense en hechos que involucraron a personas no identificadas. Además, solicitaron actuaciones en las que haya intervenido la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Secretaría de Derechos Humanos.

En esa tarea los fiscales cuentan con la colaboración y asistencia del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación.

La primera certeza que comunicaron los fiscales la otorgó el Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la provincia: las huellas dactilares de López no coinciden con ninguna de las personas no identificadas que aparecen en sus registros de investigaciones penales.

Además, informaron que requirieron informes a los cementerios de los 43 distritos bonaerenses que forman parte de la jurisdicción de los Tribunales Federales de La Plata. En tanto, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) fue convocada para analizar las medidas de investigación llevadas a cabo en los primeros momentos de la causa.

Finalmente, para el análisis de los registros telefónicos la Unidad Fiscal convocó este año a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), de la Procuración General de la Nación. Su trabajo se centra en obtener conclusiones acerca de los teléfonos vinculados a diferentes pistas de la causa en un universo de más de cinco millones de registros obtenidos durante la pesquisa.