Casi en paralelo al intenso debate de la Ley de Solidaridad en el Congreso, el nuevo gobierno enfrentó en sus primeros días de gestión las demandas más urgentes derivadas de la delicada geografía económico-social que dibujó el final del ciclo macrista en el poder.
El reclamo por la entrega de alimentos –el eje ordenador de la política social instrumentada por el gobierno de Cambiemos a través de la exministra Carolina Stanley– empujó una secuencia de protestas en el centro porteño desde el primer día de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
Esas movilizaciones –lideradas por el Polo Obrero y otras organizaciones de menor volumen territorial– obligaron a abrir diferentes mesas de diálogo cuando el Ministerio de Desarrollo Social todavía daba las últimas puntadas a su organigrama final.
La integración de los movimientos sociales al esquema gubernamental –el denominado sector de «Los Cayetanos» quedó al mando de la Secretaría de Economía Social bajo el liderazgo de Emilio Pérsico– fue una señal de contención. Sin embargo, la urgencia moldeó la agenda inicial del oficialismo.
«Hay señales firmes de que comenzaron a priorizarse otros intereses. Apostamos al diálogo y a la asistencia inmediata para luego avanzar en reformas estructurales que nos permitan ir del paradigma de la asistencia a la salida productiva», sintetizó el líder de Barrios de Pie y flamante subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, Daniel Menéndez, a Tiempo.
Y agregó: «El tejido social está roto, con una tensión enorme. El Estado tiene que dar respuestas inmediatas, atender el desastre».
Facilitados por la presencia de funcionarios que ocuparon ese rol clave durante la etapa kirchnerista, los intercambios con las organizaciones sociales de los últimos días en las oficinas de Desarrollo Social giraron centralmente alrededor de la asistencia alimentaria para los grupos más vulnerables.
«El gobierno de CFK terminó con la entrega de un millón de kilos de alimentos por mes. Macri instrumentó una política de sesgo asistencialista y, crisis mediante, se fue con el reparto de ocho millones de kilos mensuales», graficó a Tiempo uno de los funcionarios a cargo del diálogo.
Esa tarea de contención política se combinó con la revisión en tiempo récord de los procesos de licitación, controles sanitarios y entrega de partidas de alimentos. La secuencia registró demoras por la transición del recambio entre el gobierno saliente y el entrante.
Además, el Ejecutivo inició contactos formales con el Gobierno de la Ciudad para coordinar la supervisión de las movilizaciones callejeras. La ratificación de Diego Santilli al frente del Ministerio de Seguridad porteño –un antiguo interlocutor del PJ metropolitano– facilitó los puentes.
Plan en marcha
Definido en campaña como la primera política pública del Frente de Todos, el arranque del plan de la lucha contra el hambre también se moldeó en la emergencia. Casi un mes y medio antes de lo previsto, el gobierno comenzó con el reparto de la tarjeta alimentaria en Concordia.
Se trata de uno de los mil puntos críticos del mapa que trazó Desarrollo Social para priorizar la asistencia urgente: la estadística oficial señala que la desocupación alcanza el 52,9 por ciento y la indigencia trepa al 15,4 en esa ciudad entrerriana.
En Concordia, el gobierno habilitó la entrega de 7700 tarjetas –con montos de entre 4000 y 6000 pesos según la composición del grupo familiar– que inyectarán 35 millones de pesos mensuales en la economía de una de las poblaciones más golpeadas por el último efecto devaluatorio.
«Detectamos que las primeras compras que realizan las familias después de recibir la tarjeta son lácteos, especialmente leche», informó Arroyo durante la segunda reunión del Consejo contra el Hambre que el presidente Alberto Fernández encabezó el viernes en la Casa Rosada.
En enero, Desarrollo Social informará por dónde seguirá la entrega del plástico que sólo sirve para comprar alimentos, excepto bebidas alcohólicas; y permite el monitoreo de un equipo de nutricionistas para alentar una alimentación saludable.
Todo indica que la próxima tanda involucrará a varios distritos en simultáneo, incluida la provincia de Buenos Aires.
De la experiencia piloto en Concordia, el gobierno también advirtió la presencia de un universo de familias que no son beneficiarias de la AUH, pero necesitan asistencia alimentaria inmediata. «Vamos a construir un padrón que las contemple”, prometió Arroyo ante el Consejo.
En la misma mesa, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, puso en cifras ese diagnóstico: «La Argentina tiene 12 millones de personas en emergencia alimentaria y otros 6 millones en emergencia alimentaria severa. Tenemos que prestar especial atención al universo de 4 millones de menores de entre 0 y 17 años».
