La estadística, contraria a la idea del gobierno de bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos más graves, prueba que los pibes no matan. Por el contrario, los pibes mueren. Según el último relevamiento realizado (que data de 2015) por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, apenas el 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años. También de 2015 es un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (no hay cifras oficiales más recientes) que establece que sobre 175 homicidios registrados, sólo un caso fue cometido por un menor de 16 años. Cruzando la General Paz, la tendencia no difiere mucho. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense cuantificó en el mismo período 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea menos del 0,5% del total.
Sin embargo, cuando los jóvenes están en la otra vereda, es decir, en la de las víctimas, el panorama es otro. De acuerdo al archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2017, elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el 50% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos (sólo en los primeros dos años de la gestión de Cambiemos hubo 725 muertes, que en un cálculo fácil da más de un asesinato por día, récord absoluto desde el regreso de la democracia), la mayoría a manos de policías con facilidad para apretar el gatillo y –un dato que alcanzaría para desalentar definitivamente la idea regresiva de bajar la edad de punibilidad– en lugares de detención.
«Nos están matando a más de un pibe o una piba por día, pero el gobierno insiste con la demagogia punitiva. La doctrina Chocobar; ‘el que quiera estar armado, que ande armado’ de Bullrich, el Programa Restituir, la compra de pistolas Taser, es toda una seguidilla que deja en claro que no tienen ningún logro para mostrar. Entonces, apuestan, al ‘voto bala'», opina María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.
A fines de 2016, el crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, supuestamente a manos de otro adolescente de 16 (que había nacido en Argentina aunque varios medios insistieron en que era peruano), enardeció a una parte de la sociedad. Con gran sentido del oportunismo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que el gobierno vería con buenos ojos bajar la edad de punibilidad a 14 años. Un año después, un nuevo Régimen Penal Juvenil está listo para ser enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero.
Tres víctimas, de cientos
Matías Rodríguez tenía 16 años cuando fue acribillado de tres balazos cerca de la medianoche del 25 de abril, en Flores. El adolescente y un cómplice habían intentado robarle su moto a un agente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Ángel Santillán, de 24 años. «Planteamos muchos elementos que nos hacen sospechar que hubo un ejercicio por fuera de lo que marca la legítima defensa, además de que se cometieron irregularidades en el levantamiento de las pruebas. Casualmente, todos los testigos son policías o expolicías», dice a Tiempo la abogada Karina Valobra, que representa a la familia de la víctima. Para Valobra, está probado que el único que abrió fuego en la escena fue el policía. No fue difícil: Rodríguez llevaba una pistola de juguete.
Facundo Ferreira tenía 12 años cuando fue asesinado en Tucumán, el 8 de marzo de 2018, por dos policías que le dispararon por la espalda. Los uniformados argumentaron que el chico y un amigo habían disparado mientras huían en una moto. Las pericias demostraron lo contrario. Y un análisis toxicológico reveló que uno de los policías había consumido cocaína y marihuana el día del homicidio. La fiscalía pidió la detención de los policías, pero distintos jueces lo denegaron y los agentes continuaron en servicio. Uno de ellos recién fue desafectado en septiembre por robar una cartera.
El 3 de enero del año pasado, Nahuel Salvatierra estaba sentado junto a sus amigos en una esquina del barrio Solidaridad, en el sureste de Salta Capital, cuando una moto interrumpió las risas. El cabo Juan Carlos Cardozo y el sargento Emilio Gastón Aguilera, fuera de servicio, vestían el uniforme. Cardozo, blandió el arma y amenazó: «Vayanse o les meto un tiro». Harto del hostigamiento, Nahuel, que tenía 17 años, lo enfrentó: «Dale, tíramelo». Cardozo no dudó: la bala ingresó por el ojo derecho y le perforó el cráneo.
«Los pibes –resume Verdú– no son el peligro; los pibes están en peligro». «
