Aunque la meta final es la foto del presidente Mauricio Macri con los 20 gobernadores de las 24 provincias argentinas para exhibirla como prenda de gobernabilidad ante la crisis, la producción de esa escena llevará una agitada agenda de negociaciones que arrancará desde las 10 de la mañana en el Consejo Federal de Inversiones. En esa escala, ubicada en el barrio porteño de Retiro, los gobernadores de las 19 provincias que no administra el oficialismo se reunirán para repasar detalles del diseño del presupuesto 2019, en medio de una negociación concentrada en cerrar un texto común que respalde el ajuste acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una reducción al 0,5% del PBI para el año próximo.
En el CFI estarán los gobernadores de las provincias administradas por el peronismo, que podrían encontrarse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que adelantó su presencia en ese encuentro. Algunos funcionarios deslizaron la irrupción del jefe de Gabinete, Marcos Peña, como un gesto que no fue confirmado. La agenda original tenía previsto una reunión en Casa Rosada a partir de las 15, dos horas antes de la cita con Macri.
A pesar de los tres meses de negociación del presupuesto, todavía quedan puntos clave por determinar en el armado del proyecto, cuyo ajuste originalmente era del 1,3% del PBI y luego fue reducido al 0,5% tras la última corrida cambiaria. Uno tiene que ver con la compensación que reclaman las provincias por la anulación del Fondo Federal Solidario, que financiaba obras de baja y mediana escala en todas las provincias con impuestos coparticipables. Su interrupción, por Decreto de Necesidad y Urgencia, desató la presentación de amparos judiciales por parte de distintas provincias, como Tucumán y una ofensiva dentro de la Cámara Diputados para dejar el la decisión ejecutiva del Presidente sin efecto. El corte intempestivo del FoFeSo implica 9.000 millones de pesos en obras hasta fin de año, que el Gobierno buscaría compensar con préstamos, no con devoluciones, provistos por el Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional (FFFIR), que financia obras en municipios de todo el país, y con un crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que sería descartado para evitar un desfinanciamiento del organismo por la inflación.
El minué de encajes e imputaciones presupuestarias son parte de la ingeniería que desplegó el Ejecutivo para plasmar el ajuste acordado con el FMI en el plan de cuentas nacionales del año próximo, pero en dos etapas, es decir, antes y después de presentar el proyecto de ley del presupuesto, cuyo plazo legal vence el este viernes a la noche. De ese gesto de apoyo al ajuste previsto depende la aprobación del Directorio del organismo al pedido del gobierno argentino para adelantar unos 20.000 millones de dólares del endeudamiento por 50.000 millones pactado. De esa decisión depende el oxigeno financiero para que Macri transite el último año de su mandato, en un contexto de debilidad política, incrementada por las consecuencias políticas del ajuste, en vísperas de un año electoral, donde el oficialismo pretende revalidar los títulos.
Para obtener la presencia de los mandatarios provinciales, el Gobierno aceptó que el encuentro sea con «agenda abierta, con eje en el presupuesto», una concesión para que Macri responda las preguntas de sus interlocutores sobre cómo atravesará la crisis económica, con una recesión que puede superar los seis meses. De ese cónclave, además del Presidente, participarán Peña, Frigerio, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Javier Iguacel, y los negociadores de la cartera de Interior, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, además del secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.
Estarán 20 de los 24 gobernadores, con las ausencias de Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), que enviarán representantes, en una liturgia política, cuyos costos sociales y económicos son aún desconocidos para la población.
