La AFI de Cambiemos espió a abogados, -entre ellos a la defensora de Lázaro Báez- y los relacionó con el actual senador y exjefe de “la casa”, Oscar Parrilli, para pegarlos con el escándalo por el espionaje ilegal de Marcelo D’Alessio.
Para ello elaboró informes que le entregó al juez Rodolfo Canicoba Corral en los que mezcló al financista arrepentido Leonardo Fariña, al abogado y exfuncionario penitenciario Víctor Hortel, a agentes de inteligencia (incluso a un fiscal nombrado durante el macrismo) y a la defensa de Báez, y con todos ellos hizo una ensalada para arribar a una suerte de hipótesis rocambolesca: D’Alessio operaba para el kirchnerismo.
Canicoba Corral tiene a su cargo desde 2017 una investigación por presunto espionaje ilegal a jueces, políticos, personajes de la farándula e incluso al futbolista Lionel Messi. Durante los primeros tiempos, a través de su exdirector de Asuntos Judiciales, José Padilla, la AFI mostraba un parsimonioso aporte de información y pedía reiteradamente aclaraciones y precisiones sobre qué se estaba buscando. El 6 de noviembre de 2017, por ejemplo, ante un pedido de información de Canicoba Corral, respondió: “Se requiere como paso previo y necesario que se indiquen los motivos o fundamentos que originaron el presente requerimiento”.
Así, la AFI informó en mayo de 2018 que el fiscal Eduardo Daniel Miragaya, un personaje clave en la Causa D’Alessio, había ingresado el 4 de enero de 2016 (antes de cumplirse el primer mes de gobierno de Mauricio Macri), como director del área de Delincuencia Económica y Financiera, y luego pasó a la Gestión de Base de Datos y Archivos de Inteligencia.
A pedido de Miragaya ingresaron a la AFI varios civiles, entre ellos Ana María Polero, la mujer que acompañó como “asesora de vestuario” a la difunta Natacha Jaitt la noche del 1 de abril de 2018 a un escandaloso programa de TV de Mirtha Legrand.
En abril de 2019, apenas estallado el affaire D’Alessio, la AFI elaboró un curioso entrecruzamiento de nombres que hizo aparecer a agentes de inteligencia reales con otros imaginarios y los vinculó con la defensa de Lázaro Báez. Así relacionó a espías que aún hoy están en “la casa” con Miragaya; con “el círculo de mayor confianza del entonces director general Oscar Parrilli”; y con el exsubdirector operacional de Contrainteligencia”, el actual diputado Rodolfo Tailhade. Y los linkeó a todos con el abogado Franco Agustín Bindi, quien formó parte de la defensa de Leonardo Fariña y hoy asiste indirectamente a Lázaro Báez.
“Podrían estar llevando adelante actividades vinculadas a la realización de tareas de inteligencia ilegal, valiéndose para ello de sus nexos y contactos como abogados en diferentes causas penales y del acceso a información sensible que les otorgarían sus vínculos con organismos de inteligencia y, eventualmente, con actores de los distintos poderes del Estado”.
En ese contexto, la AFI asumió una conducta temeraria: en una causa en la que se investiga si hubo espionaje ilegal, le pidió autorización al juez para espiar al propio Bindi y “al grupo de abogados que trabajarían en su estudio”, a saber: Elizabeth Gasaro, la abogada de Báez; Víctor Hortel, quien la antecedió y renunció por problemas de salud; Giselle Robles, exdefensora de Leonardo Fariña, quien asegura que el financista fue “guionado” para declarar en ese juicio; Tatiana Terzano, codefensora de Báez y abogada de otro espía detenido en la Causa D’Alessio, y Humberto Próspero, defensor del contador Daniel Pérez Gadín.
La AFI pidió permiso para investigar a Próspero en abril. Dos meses antes, el abogado había denunciado a Macri y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich justamente por “espionaje ilegal”.
En ese contexto, la AFI realizó otro pedido cuanto menos osado. Canicoba Corral investiga la supuesta filtración de datos desde la propia central de inteligencia. Pero la AFI, investigada, pidió ser “querellante” en la causa. Algo así como impulsar la investigación contra sí misma, pero desde adentro (y con control) del expediente.
¿Cómo se atrevió a tanto? Con una maniobra distractiva. A principios de mayo de 2009 la abogada Florencia Guijo declaró públicamente que ella había “coucheado” a Fariña, quien dice no conocerla.
La AFI la denunció penalmente. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos y ello fue profusamente difundido por la prensa.
Lo que nunca se dijo hasta ahora es que sobre esa base la AFI intentó meterse por la ventana en la causa de Canicoba Corral. “Solicito que se nos tenga por parte querellante toda vez que la nombrada Guijo involucró falsamente a esta Agencia con la supuesta asistencia y preparación de Fariña en miras a su declaración como arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K”.
El director Padilla se atrevió a más: no le pidió a Canicoba que investigara a Guijo, sino que le solicitó “que autorice a esta agencia a profundizar la pesquisa en torno a la referida y su relación con los sujetos aquí sospechados”. Dicho de otro modo: que no investigue el juez sino la propia denunciada.
Sobre Gasaro, la defensora de Báez, un informe “secreto” remitido a Canicoba Corral sostiene -sobre la base de recortes periodísticos-, que “habría iniciado su carrera profesional junto a dos abogados que también se los habría vinculado con agentes de este organismo, Héctor Irimia y Roberto Herrera”.
Irimia es un exjuez a quien el difunto fiscal Alberto Nisman acusó en la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Pero desapareció de la causa; el recientemente fallecido juez Claudio Bonadio nunca avanzó sobre él, ni resolvió su situación procesal, que hoy está virtualmente en el limbo.
Roberto Herrera es el actual abogado de Fariña y de otro arrepentido: Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner, quien también se acogió al régimen del “arrepentido” y recuperó su libertad en la Causa Cuadernos.
La AFI trazó un camino hiperbolesco para que Gasaro pasara de abogada de Báez a eslabón perdido hacia Marcelo D’Alessio. Según otro documento secreto, Gasaro “tendría peso suficiente dentro del grupo al punto que sería sindicada como quien le manejaría los intereses de Lázaro Báez dentro y fuera de la cárcel. En este punto vale informar que, según surge de medios periodísticos, Mariana Zuvic habría denunciado que individuos vinculados a Báez podrían haber disimulado o puesto en circulación bienes provenientes de ilícitos y trasladado efectivo hacia distintos sitios aún desconocidos”.
El informe identifica a un desconocido Santiago Alberto Martínez, quien “sería amigo de Leandro Báez –hijo de Lázaro- y habría tenido un abrupto crecimiento patrimonial, el cual importa una cuantiosa flota de vehículos, camiones, inmuebles rurales, entre otros bienes”.
El hasta ahora desconocido Martínez, según la AFI (y sus fuentes de información, dignas del Superagente 86) es el punto de contacto de Báez con D’Alessio.
¿Cómo llegaron los espías vernáculos a esa conclusión? “Por tareas propias de la especialidad se ha logrado conocer que Martínez conduce el vehículo con dominio xxxxxx valuado en más de 50 mil dólares cuyo propietario sería Marcelo D’Alessio. En ese mismo vehículo, entre los años 2014 y 2016 D’Alessio habría viajado a Chile, también lo habría hecho Martínez con ese mismo vehículo en el año 2018, ambos por el cruce fronterizo de Santa Cruz, Monte Aymond”.
Esa es la prueba.
Por primera vez hay registros oficiales que muestran que la AFI (al menos) intentó husmear en la actividad de abogados y sus clientes, una relación protegida constitucionalmente.
La central de inteligencia pidió entrecruzar los llamados telefónicos de Bindi y otros abogados y agentes de inteligencia, así como sus movimientos migratorios, movimientos económicos, declaraciones juradas de AFIP y “los ingresos que tendría registrados en los últimos seis meses a los establecimientos penitenciarios, y se individualice al interno objeto de la visita en cada caso”.
No sólo eso: el 6 de mayo de 2019, el director de la AFI, Padilla, le pidió autorización a Canicoba Corral para investigar a sus propios exagentes Ricardo Bogoliuk, Vicente Melito y al exjefe de la Policía Bonaerense Daniel Salcedo, quien fue perito de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en la investigación por la muerte de su ex pareja, Alberto Nisman. Bogoliuk es uno de los detenidos por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la Causa D’Alessio.
Según la documentación a la que accedió Tiempo, los tres “estarían involucrados en maniobras ilícitas”. ¿Cuáles? Espionaje ilegal a la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
El origen de tal sospecha es un artículo periodístico del diario La Nación.
