El gobierno de Cambiemos elaboró fichas con información personal, vínculos laborales y tendencias ideológicas de más de 400 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G-20 y la reunión de la Organización Mundial de Comercio de fines de 2018 en Buenos Aires.
Los espías vernáculos informaron al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sobre cuestiones que violan la Ley de Inteligencia. Frases como “siempre con posturas contra el Gobierno”, “muestra los detrás de escena (por ejemplo el brindis de fin de año con el presidente Mauricio Macri)”, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto”, “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno”, abundan en cada una de las más de 400 fichas, que fueron halladas en una caja fuerte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó este viernes una nueva denuncia por espionaje ilegal, que recayó en el juzgado federal número 11 (el que en vida ocupó Claudio Bonadio), hoy a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.
Las fichas fueron confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales de la AFI y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia. Entre la documentación encontrada figura una carta que el entonces canciller, Jorge Faurie, le envió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, pidiéndole que liberara el ingreso a la Argentina de una activista globalifóbica finlandesa, retenida en el Aeropuerto de Ezeiza, y por quién había pedido la diplomacia nórdica.
El ministro de Exteriores pidiéndole al jefe de los espías por el ingreso al país de una militante antiglobalización es una fotografía clara de quién tenía el mando en el contexto del G-20 y la reunión de la OMC.
La AFI no sólo se dedicó a los periodistas. También fueron encontradas 28 fichas de “personas con vinculaciones académicas”, 58 “con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos” y un dossier especial sobre el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), especialmente sobre una reunión celebrada en el hotel Bauen.
Esa acción fue claramente, según surge de la documentación, de infiltración.
La información de esa carpeta –explica el mismo documento- “se obtiene de fuentes propias que durante las actividades llevadas a cabo en relación al plenario de mención. Se establecieron pautas generales de armado de comisiones que tendrán como misión operativa el entorpecimiento de la conferencia OMC a desarrollarse durante el corriente año. Fines obstaculizar el desembarco del G 20 en el país”. Donde dice “fuentes propias” debe leerse “infiltrados”. O sea, espionaje ilegal.
“Se manifiesta en contra del gobierno”
La AFI no sólo “caminó” a periodistas opositores. También lo hizo con los afines al ex presidente Mauricio Macri, a los que añadió definiciones como “manifiesta una postura cercana al oficialismo”; “maneja una línea de pensamiento muy alineada con la del gobierno”; “es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”; “posición política opositora” o “es abiertamente kirchnerista”.
“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, sostiene el escrito presentado hoy ante la Justicia por la interventora de la AFI.
“A partir de la producción de inteligencia ilegal se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos”, añade el texto.
Caamaño pidió la indagatoria de los agentes involucrados en la recolección de la información, así como la de Arribas, de la ex subdirectora general de la AFI, Silvia Majdalani, y del ex presidente Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.
