La abogada del productor agropecuario Pedro Etchebest, Natalia Salvo, pidió este lunes el juicio político del juez federal Julián Ercolini, a quien le reprochó “haber enturbiado la investigación del proceso judicial” en el cual está preso el presunto falso abogado Marcelo D’Alessio y llamado a indagatoria el fiscal federal porteño Carlos Stornelli.
Mediante una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, la abogada de Etchebest cuestionó las supuestas irregularidades que le atribuyó a Ercolini, especialmente el haber pedido la inhibitoria del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por pedido del propio Stornelli, quien está imputado en aquella causa pero se asumió como “víctima” en la que tramita ante los juzgados de Comodoro Py 2002.
Ercolini pidió la inhibitoria sin “certificar” la causa de Ramos Padilla, es decir desconociendo qué elementos tenía el juez de Dolores en su investigación. “El pedido es formulado sin previa certificación de la causa, en pleno proceso de recolección de pruebas, obligando a levantar el secreto de sumario y enturbiando el éxito de la investigación”, embistió.
Pero además, el Código Procesal establece que «cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia», pero Ercolini no lo hizo.
“Ostensible deviene el irregular ejercicio de la función judicial que se le ha encomendado al magistrado Ercolini. (…) Las circunstancias precedentemente relatadas evidencian un manifiesto ejercicio irregular de las atribuciones que le asisten al magistrado, oscureciendo la imparcialidad que ha de preservar su investidura en tanto presupuesto ineludible de validez de la función judicial”.
Según la denunciante, “la desviación de poder en la que ha incurrido el magistrado, resulta a todas luces manifiesta. Resulta claro que el Ercolini ha enturbiado la investigación del proceso judicial utilizando el poder jurisdiccional concedido por el plexo jurídico, para un fin diverso del normativamente previsto”.
“La irregularidad en la que ha incurrido el magistrado, denota, asimismo, el desprecio de este por el resguardo del estado de derecho. A sabiendas del efecto que ocasionaría su petición -a requerimiento nada menos que de uno de los sujetos presuntamente involucrados en la investigación- la ejercita sin pudor ni resguardo alguno con graves secuelas en los derechos fundamentales y/o bienes de personas presuntamente inocentes”, resumió.
La denuncia deberá ser sorteada para que uno de los consejeros que integran la Comisión de Disciplina y Acusación encare la investigación sobre la conducta de Ercolini.
