El gobierno de Axel Kicillof envió tres proyectos de ley para que la Legislatura bonaerense trate el jueves, en lo que será la primera sesión virtual tanto de Diputados como del Senado, y que incluyen un nuevo permiso de endeudamiento para afrontar la pandemia, un bono a proveedores y la declaración de emergencia para los geriátricos.
El primer proyecto, que consta de 15 artículos, busca refrendar los decretos firmados por el Ejecutivo en materia administrativa y sanitaria por el coronavirus, pero además contempla tres nuevos endeudamientos para afrontar gastos y como consecuencia de la caída de recaudación provincial por la pandemia.
El primer pedido, detallado en el artículo 2, es por 500 millones de dólares con organismos multilaterales de crédito y tiene por objetivo «financiar proyectos y/o programas sociales o de inversión pública que se encuentren en desarrollo o que se prevean iniciar». Según explicaron fuentes oficiales a Tiempo, el crédito se destinará a «comprar insumos de salud, sostener programas de alimentación y generar y recuperar empleo» que se vio afectado por la pandemia.
El segundo pedido de autorización de deuda, incluido en el artículo 4, es por 20 mil millones de pesos para «afrontar atrasos de Tesorería» y se trata, en la práctica, de un bono que emitirá la Provincia para afrontar la deuda con proveedores, en su mayoría de la salud, y que viene de la gestión anterior. «Es un instrumento de adhesión voluntaria que a la vez genera liquidez en este contexto de emergencia económica», explicaron fuentes oficiales. El tercer permiso, en tanto, es para emitir Letras del Tesoro por hasta 8 mil millones de pesos. Es la única herramienta de financiamiento que viene usando el gobierno bonaerense hasta ahora.
En el mismo proyecto también se prorroga la emergencia declarada en la provincia por el COVID 19 por 180 días, se suspenden los eventos masivos y se prohíbe el corte de servicios de luz y agua por falta de pago, todas medidas que ya habían sido dispuestas por decreto. También se modifican dos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue aprobada en la gestión de Cambiemos y que condiciona a los municipios al momento de tomar deuda.
Geriátricos y desalojos
El segundo proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura declara el estado de «emergencia sanitaria» en los geriátricos de gestión pública y privada de toda la provincia, que se extenderá mientras dure la emergencia general por el coronavirus.
En el texto se detalla que existen 977 establecimientos habilitados y 1933 sin habilitación en la provincia, y es por eso que ordena iniciar «de forma inmediata» un empadronamiento de los geriátricos para regularizar la situación y fija, además, requisitos mínimos de funcionamiento en lo que hace a capacidad ocupacional, personal, higiene, alimentación, normas de seguridad y protocolos sanitarios. Hoy los geriátricos son uno de los focos ma´s importantes de contagio del coronavirus.
El último proyecto de ley replica el decreto nacional 319/20 y suspende las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), así como también los desalojos. Además, crea el Consejo Asesor de Conflictos de Emergencia Habitacional que intervendrá en los procesos de desalojo que afecten a familias de barrios populares.
El primer proyecto, que consta de 15 artículos, busca refrendar los decretos firmados por el Ejecutivo en materia administrativa y sanitaria por el coronavirus, pero además contempla tres nuevos endeudamientos para afrontar gastos y como consecuencia de la caída de recaudación provincial por la pandemia.
El primer pedido, detallado en el artículo 2, es por 500 millones de dólares con organismos multilaterales de crédito y tiene por objetivo «financiar proyectos y/o programas sociales o de inversión pública que se encuentren en desarrollo o que se prevean iniciar». Según explicaron fuentes oficiales a Tiempo, el crédito se destinará a «comprar insumos de salud, sostener programas de alimentación y generar y recuperar empleo» que se vio afectado por la pandemia.
El segundo pedido de autorización de deuda, incluido en el artículo 4, es por 20 mil millones de pesos para «afrontar atrasos de Tesorería» y se trata, en la práctica, de un bono que emitirá la Provincia para afrontar la deuda con proveedores, en su mayoría de la salud, y que viene de la gestión anterior. «Es un instrumento de adhesión voluntaria que a la vez genera liquidez en este contexto de emergencia económica», explicaron fuentes oficiales. El tercer permiso, en tanto, es para emitir Letras del Tesoro por hasta 8 mil millones de pesos. Es la única herramienta de financiamiento que viene usando el gobierno bonaerense hasta ahora.
En el mismo proyecto también se prorroga la emergencia declarada en la provincia por el COVID 19 por 180 días, se suspenden los eventos masivos y se prohíbe el corte de servicios de luz y agua por falta de pago, todas medidas que ya habían sido dispuestas por decreto. También se modifican dos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue aprobada en la gestión de Cambiemos y que condiciona a los municipios al momento de tomar deuda.
Geriátricos y desalojos
El segundo proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura declara el estado de «emergencia sanitaria» en los geriátricos de gestión pública y privada de toda la provincia, que se extenderá mientras dure la emergencia general por el coronavirus.
En el texto se detalla que existen 977 establecimientos habilitados y 1933 sin habilitación en la provincia, y es por eso que ordena iniciar «de forma inmediata» un empadronamiento de los geriátricos para regularizar la situación y fija, además, requisitos mínimos de funcionamiento en lo que hace a capacidad ocupacional, personal, higiene, alimentación, normas de seguridad y protocolos sanitarios. Hoy los geriátricos son uno de los focos ma´s importantes de contagio del coronavirus.
El último proyecto de ley replica el decreto nacional 319/20 y suspende las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), así como también los desalojos. Además, crea el Consejo Asesor de Conflictos de Emergencia Habitacional que intervendrá en los procesos de desalojo que afecten a familias de barrios populares.
