“Son más de $ 152 millones que debemos afrontar sin que estén presupuestados”. La queja parte del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y está dirigida a la gobernadora saliente de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

A partir de un acuerdo entre el gobierno de Vidal y las distribuidoras eléctricas (Edenor, Edesur, Edelap; luego de que el gobierno de Mauricio Macri traspasó de Nación a Provincia y Ciudad), los municipios quedaron obligados a adherir a ese acuerdo.

“Una vez más, el gobierno de Vidal decide transferir responsabilidades a los municipios de manera inconsulta y arbitraria. Sucede con la Seguridad, el arreglo de las escuelas, la urbanización de barrios o infinidad de obras que debe hacer la Provincia y, sin embargo, nos hacemos cargo los municipios”, expresó a Tiempo Gabriel Katopodis.

Según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, “el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios”.

Producto de ese punto, la distribuidora Edenor presentó al municipio de San Martín un reclamo por $ 152.394.424,05, en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en San Martín, “montos que no se encontraban presupuestados por el Municipio y respecto de los cuales la Provincia no brindó los recursos económicos para afrontarlos”, alegan desde el municipio.

Además, desde el municipio afirman que el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando no es ese el servicio que brinda en los asentamientos.

Ante esta situación, San Martín presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, contra la propia provincia. La acción no solo reclama la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata” de ese artículo, sino también del Decreto Provincial N° 1289/2019, que aprobó el traspaso de Nación a Provincia.

“En el caso de San Martín, son más de $ 152 millones que debemos afrontar sin que estén presupuestados. Esperamos que la Justicia revierta esta medida rápidamente”, apuntó Katopodis.

“Lo cierto, es que ninguna autoridad puede imponer a los Municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlas del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos, motivo por el cual el accionar de la provincia de Buenos Aires resulta un avasallamiento de la autonomía municipal y afecta los derechos de sus ciudadanos”, finaliza el escrito.