El jueves por la noche, cuando el Senado transformó en ley el acuerdo con el Fondo, el Gobierno comenzó a desandar el último tramo de una negociación de dos años, cargada de secretos e intrigas, en la que dejó girones el Frente de Todos. Para el presidente Alberto Fernández es, por ahora, la inflexión más imporante de su administración. Por ahora sigue sin chances de capitalizarla por una serie de errores forzados que lo dejaron atrapado entre el anuncio anticipado de una guerra contra la inflación y el reconocimiento público que hizo su portavoz, Gabriela Cerruti, sobre la ausencia de comunicación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto el oficialismo buscará dar una vuelta de página en las dos cámaras del Congreso. Las votaciones divididas dentro del FdT a favor y en contra del acuerdo, en Diputados y en el Senado, dejaron una huella que sigue siendo una incógnita para el futuro de este período de sesiones ordinarias. En Juntos por el Cambio la foto es distinta al estado asambleario que tuvo en diciembre: el espacio viene de facilitarle al Gobierno más apoyos que los de su propia bancada para sacar el pacto con el FMI y ahora quiere hacer valer el precio de ese gesto.
Una parte ya la cobró caro. La principal coalición opositora cambió por completo el texto original de la ley que fue aprobada el jueves. Se negó a respaldar el programa de metas acordadas con el staff del organismo porque no quieren ser parte de su aplicación, aunque reclamaron conocer todos sus detalles con anticipación solamente para rechazarlo. En la coalición opositora sostienen que el programa es malo porque no avanza en «ajustes necesarios». Es la parte que los referentes de JxC menos mencionan para no desdibujarse electoralmente, pero hubieran preferido un ajuste más profundo, con reforma laboral y previsional incluídas. No tuvieron que votarlo a favor o en contra porque forzaron al oficialismo a extirparlo del texto final, pero además lograron sacar del radar la responsabilidad política de Mauricio Macri en la firma del endeudamiento de 56.000 millones de dólares que solicitó en 2018.
Todas esas imposiciones a cambio de votar a favor del pacto también dejaron esquirlas en el bloque de JxC en Diputados. El expresidente logró quedar indemne y se transformó en una de las voces más influyentes dentro de la coalición sobre el tema pero, al igual que Patricia Bullrich, intentó hasta último momento que la salida final fuera el rechazo al pacto y que el presidente quedara obligado a firmarlo como lo hizo él en 2018: sin pasar por el Congreso y por DNU.
El último intento fue este lunes, cuando Bullrich, empoderada como titular del PRO, buscó que la Mesa Nacional de JxC se reuniera para condicionar el apoyo en el Senado a cambio de un compromiso del Gobierno de no subir las retenciones. La movida reforzó el peso opositor durante la exposición que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado. La influencia de Bullrich, con el auspicio de Macri, fue limitada en la Cámara Alta. Los senadores de la UCR y el PRO, junto a sus aliados provinciales, no cedieron ante el planteo de la titular del PRO. Le dieron señales al oficialismo de que aportarían su respaldo y dejaron que la jefa de la Colición Cívica, Elisa Carrió, le facturara públicamente a Bullrich su apuesta individual de buscar el fracaso del respaldo legislativo a la renegociación de la deuda. También quedó molesta con Ricardo López Murphy, que fue uno de los impulsores del texto aprobado, pero votó en contra.
Lilita habló cuando la ley había sido aprobada, pero la Coalición Cívica y la UCR frenan los impulsos de Bulrich desde la semana pasada e intensificaron las críticas internas desde el lunes. No estaban de acuerdo con meter la discusión de las retenciones en la negociación del respaldo al endeudamiento. Consideran que para aumentar los derechos de exportación el Gobierno tiene que presentar una ley para la que no tiene los votos suficientes. Hasta ahí llegaron los duros del PRO, pero ahora encontrarán un mar de coincidencias con el resto de las tribus opositoras para embestir contra cualquier intento del de aumentar las retenciones.
En JxC tienen el mismo análisis de la Mesa de Enlace. Opinan que el Gobierno no puede cambiar ese impuesto porque definirlo es una facultad del Congreso que había sido delegada mediante el Presupuesto 2022. Como no fue aprobado, estiman que esas facultades dejaron de ser conferidas a favor del Ejecutivo. En rigor, rige el Presupuesto 2021 que fue prorrogado mediante un decreto presidencial, pero los enfoques sobre las potestades para subir retenciones será otro eje aglutinante de la coalición opositora con su base electoral agraria.
En Diputados el oficialismo apuntará a retomar la agenda positiva con el tratamiento de cuatro de los proyectos que quedaron varados. La hoja de ruta que sostienen en el FdT busca obtener la aprobación de la ley de beneficios para la industria automotriz, el régimen para la explotación del cannabis industrial y medicinal, el paquete de estimulos fiscales y de blanqueo para la construcción de inmuebles y un plan de exportación para la agroindustria, donde posiblemente impacte la ofensiva opositora contra el aumento de las retenciones.
Sin embargo, para que esa agenda se ponga en práctica, falta que se constituyan la mayoría de las comisiones de la Cámara Baja. Todas deben redefinir sus autoridades e integrantes cada dos años, luego de cada elección. Desde diciembre sólo se pudieron definir las de Presupuesto y Finanzas. El resto es parte de una negociación entre el FdT y JxC que esta semana no avanzó, a pesar de las reuniones reservadas que mantuvieron sus jefes. Es el mismo tironeo que está estancado desde febrero, cuando el flamante titular del bloque del FdT, Germán Martínez, buscó poner en marcha el período de extraordinarias para cumplir con el temario que estableció el presidente y JxC reclamó el control de más comisiones, a partir del nuevo resultado electoral. Si bien los integrantes se distribuyen en forma proporcional, la coalición opositora hace valer el peso de sus votos. El oficialismo se niega a entregar el control de comisiones estratégicas para la gobernabilidad, aunque en varias de ellas necesita una mayoría más amplia. JxC aceptaría cedérsela a cambio de la conducción de algunas que el FdT no está dispuesto a aflojar. Hasta que no haya una salida a esa encrucijada, la agenda positiva que impulsa Sergio Massa en Diputados no podrá ser tratada, con el riesgo de que la parálisis se extienda. Para las fuentes oficialistas el laberinto podría ser superado por goteo, ley por ley, comisión por comisión.
En el Senado la agenda ya está definida y anuncia que las coincidencias que derivaron en la aprobación del acuerdo con el FMI no continuará. El martes comenzará el tratamiento en Justicia y Asuntos Constitucionales del proyecto de ley que envió el Gobierno para reformar el Consejo de la Magistratura y cumplir con el fallo de la Corte, que demoró 15 años en declarar inconstitucional su conformación. A diferencia de las heridas que cruzan a JxC en la Cámara Baja, el interbloque opositor del Senado buscará avanzar con una iniciativa que incluya a un miembro de la Corte como titular del Consejo, aunque sucede cuando los consejeros opositores dentro de ese organismo frenaron la designación de 15 jueces esta semana. Así volverá al Congreso a la actividad después del trance por la deuda con el Fondo, entre los riesgos de parálisis y la renovación de los antagonismos. «
