Luego de meses de especulaciones, ocurrió. La Justicia de Brasil pidió esta semana al Estado argentino la extradición de al menos 63 personas que están prófugas en nuestro país. Huyeron de condenas por delitos relacionados a la violenta protesta del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando militantes de ultraderecha, invocando un supuesto fraude en las elecciones, invadieron los edificios de los tres poderes pocos días después de la asunción de Lula.
Ahora el pedido entrará en la marisma administrativa y judicial, sobre todo después de la reciente aprobación en el Congreso de un tratado de extradición entre ambos países. En uno de sus artículos, el acuerdo a priori permitiría a los prófugos seguir viviendo con tranquilidad de este lado de la frontera.
La percepción de que Argentina es un oasis para cualquier extremismo de derecha a nivel mundial se confirma con la llegada, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, de al menos 181 brasileños y brasileñas que pidieron asilo político ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), organismo dependiente de Migraciones. Entre la comunidad de migrantes que llegaron en este primer año libertario, afirman que son muchos más los fugitivos, pero el número es impreciso.
Cuando Argentina recibe un pedido de extradición desde otro país, se inicia un proceso que tiene su primer paso en Cancillería, con la recepción de los expedientes con todos los datos y justificaciones de cada individuo buscado. La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, integrada al Ministerio Público Fiscal de la Nación, estará a cargo de revisar las solicitudes de extradición ante el juez federal que interviene a partir del lugar de residencia del prófugo. Ante todo, resulta importante tener en cuenta que se trata de un proceso judicial pero no de un juicio como tal.
Es en este proceso de análisis de la solicitud que, con gran probabilidad, se juegue la voluntad política del gobierno nacional a favor de que los pedidos sobre los prófugos no prosperen. En particular, luego de que el último 9 de septiembre el Boletín Oficial publicara lo resuelto en el Congreso nacional el 14 de agosto: la última versión del tratado de extradición entre Argentina y Brasil.
El texto se remontaba a finales de 2019, pero recién fue confirmado este año y lleva la firma –probablemente administrativa– de Victoria Villarruel y Martín Menem como presidentes de ambas Cámaras. El contenido del tratado entra en los carriles esperables, pero uno de los puntos de su articulado resulta, con seguridad, muy interesante para el bolsonarismo exiliado.
En el artículo 3, inciso i, se lee que cualquier pedido será rechazado “si el delito por el cual se solicita la extradición es considerado por la parte requerida (en este caso Argentina) como un delito político o conexo a tal delito”. ¿Qué es un delito político en los términos de este tratado? No se incluye definición. Y se sabe que donde hay espacio se baila mejor.
Apenas antes, el inciso del tratado f) afirma que tampoco Argentina entregará a quienes tengan estatus de refugiado o hayan solicitado asilo político.
De ahí que Symon Castro, en diálogo con Tiempo hace pocos días, haya expresado tranquilidad respecto al pedido del juez supremo brasileño, Alexandre de Moraes. «Nada tienes que temer (…) La Constitución te ampara, la Justicia te defiende», cantaba Joan Manuel Serrat.
El trámite judicial a cargo del Ministerio Público Fiscal debería incluir, entonces, el chequeo en la lista de pedidos de asilo todavía en evaluación por parte de Migraciones. Vale recordar que la sola recepción en esa dependencia de la carpeta de solicitud por parte de un extranjero lo pone en situación de amparo bajo el paraguas legal argentino. Por poner un ejemplo, hoy las y los prófugos del bolsonarismo tienen su CUIT para poder trabajar en blanco.
Por último, valdría prestar atención al posicionamiento político del gobierno de Milei respecto a esta veta de conflicto bilateral con Lula. Como informó este medio, desde el momento mismo en que se conoció el pedido de extradición desde el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, en el entorno de Javier Milei afirmaron que esperarían el devenir de los acontecimientos para posicionarse respecto a la situación de los prófugos.
Sin embargo, esa fuente también aclaró que en el hipotético caso de un escalamiento político con el país vecino -«una instancia en que no quede otra»-, respetarían la decisión de la Justicia argentina y no intercederían en las extradiciones. Poco después, fue el mismo vocero presidencial Manuel Adorni el que en una de sus habituales conferencias de prensa confirmó esa misma directriz.
